Ayer miércoles Andrés Manuel López Obrador se comunicó con Adán Augusto López Hernández para monitorear el rumbo de la aprobación de la reforma judicial en el Senado. Según los últimos números, Morena tendría a disposición dos votos del PRI y otros dos del PAN quienes, de hecho, solo deberían ausentarse para que la 4T apruebe con comodidad la reforma.

En el caso del tricolor el acuerdo estaría casi cerrado: Alejandro Moreno Cárdenas tendría a disposición ciertas designaciones en la justicia electoral. En el PAN, como suele suceder, la negociación es directa con dos senadores y deja por fuera al dirigente Marko Cortés.

El dato ya se conoce en la Secretaría de Hacienda, donde la ansiedad crece. Rogelio Ramírez De la O, que estuvo la semana pasada a solas con el presidente y con Claudia Sheinbaum, tenía la expectativa de que la futura presidente iba a aletargar el debate en el Senado y de ese modo conseguir matizar una reforma que amenaza con fulminar la economía. Esa intuición se vio reforzada cuando, tras esa reunión, aparecieron señales en Diputados y en el Senado de que la reforma iría más lenta. Pero nada ha cambiado.

Según pudo conocer el secretario, López Obrador tuvo una larga conversación con Sheinbaum donde la convenció de que la reforma judicial se debe aprobar a toda velocidad y dentro del mes de septiembre. Y Sheinbaum habría aceptado, tal como tuvo que conceder que el presidente nombrara más de 30 personas en el sexenio que viene.

El presidente fue muy enfático, en esa reunión, en que la sociedad votó de modo apabullante por la reforma y que no aprobarla es traicionar el mandato de las urnas. "Qué raro, antes de las elecciones la sociedad iba a votar a Claudia por la economía y los apoyos sociales y ahora resulta que era por la reforma", deslizan en el primer círculo de Ramírez De la O.

Para el secretario de Hacienda el panorama que viene es turbulento. Sin inversión extranjera ni interna, paliar el déficit fiscal será muy complicado, el tipo de cambio seguirá presionado y, por default, la inflación podría convertirse en un drama crónico.

Tampoco cree en que un movimiento del propio Poder Judicial pueda tumbar el rumbo del accionar legislativo. El único límite que Sheinbaum le podría aplicar a la reforma es presupuestal, lo cual le permitiría ganar tiempo y así calmar al empresariado. Pero el mandato constitucional allí estará.

En Hacienda tienen muy presente cuál es el problema con los inversores. No es tanto la elección de los jueces, ese, en realidad, es el discurso para dar la batalla en la arena pública: el problema de fondo es la imposibilidad de conseguir un amparo para descongelar cuentas o, en un caso límite, eludir la prisión. Por eso, señalan, ya algunos ejecutivos con actividad en México comienzan a mover sus residencias a Estados Unidos, Costa Rica o Panamá. Justamente, los mismos países que ahora quieren captar los flujos del nearshoring.

Es muy notable. Al otro día de ganar las elecciones, Sheinbaum le pidió a Juan Ramón De la Fuente que le organizara llamadas con bancos, calificadoras y jefes de estado. En todas esas llamadas el mensaje fue que en México había sido ratificada en las urnas una "socialdemocracia" muy diferente de desastre venezolano. Pero por estas horas el consenso, en ese mismo público que habló con la futura presidente, es que México, con la llegada del Plan C,  queda demasiado cerca de la autocracia de Caracas.