Empresarios preparan su estrategia de cabildeo ante el Congreso para modificar algunas de las medidas fiscales planteadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum en el Paquete Económico 2027, ante el riesgo de que una mayor carga tributaria termine desalentando nuevas inversiones.
Una de las principales preocupaciones está en el mecanismo de control de deducciones, con un tope de 96.67%, que, de acuerdo con Víctor Manuel Barajas, experto del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) en temas fiscales, no distingue entre deducciones indebidas y deducciones legítimas.
En el caso de las micro y pequeñas empresas, esta medida podría elevar el ISR hasta 66.5% o incluso provocar que el impuesto supere la utilidad real, particularmente en sectores como distribución, manufactura y comercialización, advirtió Barajas.
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"Si tuviéramos una inversión boyante que amortigüe -los efectos de estas medidas fiscales-, estaremos optimistas", opinó Víctor Manuel Herrera, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos del IMEF, consultado por LPO, sobre el efecto de estas modificaciones en la inversión.
Barajas identifica otros dos riesgos en la propuesta fiscal diseñada por Edgar Amador. El segundo tiene que ver con presiones "desproporcionadas" sobre el flujo de efectivo y el capital de trabajo, derivadas de las medidas para adelantar el cobro del ISR mediante el ajuste al coeficiente de utilidad.
El tercero está relacionado con la seguridad jurídica. Entre las disposiciones que generan preocupación están la obligación de conservar documentación por hasta 20 años y la asimetría en el tratamiento de los pagos al extranjero.
Para Herrera, el paquete presupuestal no contempla estímulos suficientes para la inversión, que considera necesarios tanto para impulsar el crecimiento económico como para cumplir con las metas fiscales del gobierno, aun cuando uno de los objetivos del proyecto es incrementar los ingresos tributarios.
Margen de maniobra estrecho en el Congreso
Estas alertas serán llevadas al Congreso por el sector privado, acompañadas de una serie de sugerencias que esperan que los legisladores incorporen en su análisis sobre este paquete económico.
Entre las peticiones que harán está que se establezcan excepciones sectoriales o por actividad económica al mecanismo de control de deducciones.
En materia de ISR, propondrán permitir esquemas de compensación o devolución más ágiles, así como vincular la tasa de recargos fiscales a un indicador de mercado, como la TIIE más un margen razonable, con un tope máximo de acumulación que evite un efecto confiscatorio.
También sugerirán que se armonice el momento de la retención con el de la deducción en pagos al extranjero.
Sin embargo, los expertos reconocen que el margen de maniobra del sector privado será limitado ante la composición actual del Congreso, donde el partido oficialista y sus aliados cuentan con mayoría. "Será difícil ver mucha oposición al paquete", señaló Herrera.
"Lo que sí es que el sector privado está sumamente preocupado por esta situación, porque en un momento donde requerimos más inversión, estas medidas impulsan una falta de inversión adicional, porque no va a haber rentabilidad", agregó.
Barajas coincidió en que el margen de maniobra es "muy estrecho con este Congreso" y recordó que ya en el pasado ha habido casos donde el sector empresarial no ha tenido el eco esperado; sin embargo, reconoció que en los últimos dos años ha habido iniciativas que se han reconsiderado.
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"La IP tiene la labor de concientizar las afectaciones que algunas de las propuestas tendrán en el sector empresarial" y espero poder ver cambios en este proyecto fiscal.
Al mismo tiempo, reconoció que el margen presupuestario del gobierno también es estrecho. "Necesitan recursos y esta es la propuesta para esos efectos", dijo.
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