La revisión del T-MEC abrirá una nueva oportunidad para que México busque eliminar los aranceles impuestos por Estados Unidos al acero, aluminio y sector automotriz, aunque el sector privado advierte que también deberá impedir la imposición de nuevos gravámenes durante la negociación.

La expectativa del empresariado es que el gobierno mexicano logre reducir al mínimo o eliminar los aranceles aplicados bajo la Sección 232 de la legislación estadounidense, invocada por motivos de seguridad nacional y utilizada por la administración de Donald Trump para gravar diversos productos mexicanos.

"No se trata de dejarle a Trump un cheque en blanco para que a los días siguientes de las conversaciones nos pegue con aranceles. Eso es muy importante, tratar de contener este impulso proteccionista", dijo Antonio Ortiz Mena, presidente del Comité T-MEC del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), en conferencia con medios.

En el mismo evento, Kenneth Smith, presidente del Comité Técnico de Estrategia del T-MEC del COMCE, señaló que la preocupación del sector también se centra en las investigaciones comerciales que actualmente desarrolla Estados Unidos y que podrían derivar en nuevos aranceles.

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Uno de esos casos está relacionado con una investigación impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que el pasado 2 de junio planteó la posibilidad de imponer un arancel adicional a las importaciones mexicanas al considerar que México no ha aplicado de manera eficaz la prohibición de importar bienes producidos con trabajo forzoso.

Sin embargo, la Secretaría de Economía ha señalado que alrededor del 85% del volumen de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumple con las reglas de origen del T-MEC, por lo que quedaría exento de este arancel. El riesgo real se concentra en el 15% restante del comercio bilateral, sobre el cual el gobierno mexicano sostendrá conversaciones formales con la USTR durante un periodo de 45 día.

Ante ello, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Concamin y el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) enviaron esta semana una carta al USTR en la que calificaron la medida como "injustificada y desproporcionada", al sostener que carece de evidencia suficiente para justificar un castigo comercial.

En la misiva, los organismos empresariales argumentan que la respuesta debería centrarse en fortalecer la cooperación bilateral, el intercambio de información y las investigaciones focalizadas, en lugar de recurrir a nuevos aranceles.

Para el COMCE, este tipo de investigaciones forman parte de una estrategia de presión comercial que probablemente acompañará la revisión del T-MEC, por lo que consideran indispensable que la negociación incluya mecanismos para evitar la imposición de nuevos gravámenes una vez concluido el proceso.