Las nuevas reglas que el Gobierno impuso al transporte y distribución del gas LP implicarán costos de entre 800 y 1,300 millones de pesos para las empresas, lo que podría trasladarse al consumidor. Según cálculos del área de estudios económicos de Banamex, eso elevaría los precios del gas un 3% durante 2026 y sumaría 0.04 puntos porcentuales a la inflación general, con un efecto concentrado en la primera mitad del año.

Las normas, publicadas el 2 de octubre por la Semarnat y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, buscan reforzar la seguridad en un sector bajo presión tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, que dejó 32 muertos hasta la fecha.

Los transportistas ahora deberán instalar GPS y gobernadores de velocidad en cada pipa, someterse a inspecciones internas anuales, y cumplir mantenimientos certificados. "Con aproximadamente 5,000 pipas activas, estimamos costos iniciales de entre 500 y 800 millones de pesos, con plazos de cumplimiento de 4 meses", aseguran los analistas de Banamex.

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Para la parte de distribución, se prevé una capacitación para 50,000 trabajadores y pruebas en 40,000 estaciones/tanques, que suman un costo adicional de entre 300 y 500 millones de pesos, con ajustes de 4 a 6 meses según la antigüedad de las instalaciones.

El gas LP representa el 1.47% del INPC y es el principal combustible para cocinar en más del 80% de las viviendas mexicanas. Por eso, cualquier ajuste se siente de inmediato. Y el mercado ya venía con aumentos: en agosto la tarifa de distribución saltó de 2.31 a 3.51 pesos por litro, su nivel más alto en cinco años. En estados como Puebla, los precios finales al consumidor treparon hasta 21.8%, según Banamex.

 El impacto inflacionario será temporal y de una sola vez, pero llega en un momento de márgenes comprimidos para las distribuidoras 

Banamex considera que el impacto inflacionario será temporal y de una sola vez, pero advierte que llega en un momento de márgenes comprimidos para las distribuidoras, que operan bajo topes de precios fijados por la Comisión Reguladora de Energía desde 2021.

En ese contexto, el informe advierte que el reto no solo será cumplir las nuevas normas, sino garantizar que su aplicación sea efectiva y libre de corrupción. Si eso se logra, las reglas podrían mejorar la seguridad del sector. Pero si no, el resultado será un aumento de costos y una nueva presión sobre los bolsillos.