En la Secretaría de Relaciones Exteriores aseguran que se acortan los plazos para lograr un acuerdo con la empresa estadounidense Vulcan Materials.

En su última conversación con el secretario de Estado Marco Rubio, el canciller Juan Ramón De la Fuente entendió que la resolución del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (CIADI) sería inminente y marcaría un precedente incomodo para el Gobierno de cara a la renegociación del T-MEC.

El reclamo de Vulcan, empresa de fuerte cabildeo al interior del Partido Republicano, comenzó en el 2018 y esta regulado por las normas de resolución de controversias del T-MEC.

El caso se detonó en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando se le suspendió a la empresa la explotación de una mina de 53.000 hectáreas en el Caribe, por supuestas irregularidades ambientales. El expresidente prometió resolver el tema antes de dejar el poder, aparentemente con una compensación a Vulcan, pero ese acuerdo nunca se concretó.

La resolución del litigio luego recayó en la Semarnat conducida por Alicia Bárcena, pero no se registraron mayores avances, de hecho, esto sería uno de los motivos por los cuáles se menciona, al interior del gabinete, una posible salida de Bárcena.

La última gestión del Gobierno consistió en proponer un desarrollo turístico de bajo impacto ambiental en el cual Vulcan pueda recibir ganancias, una negociación que estaría en una fase compleja por temas referidos al desarrollo del proyecto y el papel que tendría en el mismo diversos empresarios mexicanos, algunos allegados a López Obrador.

El problema de la eventual resolución contra México en un tribunal internacional es que daría fuerza a una idea que ya circula en las cámaras empresariales de Washington: que el nuevo T-MEC establezca que, para las empresas de capital estadounidense con actividades en México, sea el CIADI el ámbito de resolución de conflictos a partir de que la justicia mexicana no es confiable por la reforma judicial de López Obrador.

El caso Vulcan se suma, de esta forma, a una serie de tensiones en la relación bilateral como los aranceles, la seguridad, el reparto de aguas en la frontera norte, la contención de los negocios chinos en México o el drama del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).