La presidenta Claudia Sheinbaum fijó el 30 de septiembre de 2025 como la fecha límite para que las empresas farmacéuticas con contratos entregaran los medicamentos comprometidos. A partir del día siguiente, advirtió, la Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno iniciará procesos de sanción contra quienes incumplan. 

Desde la cámara farmacéutica rechazan que el desabasto sea responsabilidad directa de los laboratorios. Afirman que la mayoría de las empresas que el gobierno señaló como incumplidas no son farmacéuticas con registros sanitarios propios, sino distribuidoras o transformadoras que venden medicinas pero no necesariamente las producen. De esa lista, sólo tres pertenecen a la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica Canicarma.

En diálogo con LPO, el director general de la cámara Rafael Gual Cosio aseguró que el problema del desabasto no es de producción, ya que los laboratorios aseguran haber cumplido con el 97% del abasto que se les asignó.

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La industria insiste en que se trata de un fenómeno multifactorial. Entre las hipótesis que da Cosio sobre este problema están los problemas de logística para que los medicamentos lleguen a hospitales y clínicas, e incluso tardanzas en los procesos de licitaciones. Recuerdan que todavía hay licitaciones abiertas y compras pendientes, lo que agrava la situación.

Otro factor es la deuda que arrastran las instituciones públicas con sus proveedoras desde 2019. Calculan que asciende a unos 14,000 millones de pesos, monto que fue reconocido por la presidente. Reconocen que quizá no se pague en su totalidad, pero subrayan que hay un acuerdo para liberar al menos una parte. Varias compañías enfrentan complicaciones de capital de trabajo y, en esas condiciones, no pueden pensar en nuevas inversiones. Aun así, de manera general el sector se muestra optimista y asegura que mantendrá sus planes de crecimiento.

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También hay preocupación por el mercado irregular. Representantes de la cámara admiten que muchos pacientes, al no recibir su medicamento en el sistema público, recurren a tianguis o puestos no reconocidos. Esto los expone a productos sin control de calidad y a un riesgo mayor para su salud. La industria advierte que poco puede hacerse más allá de concientizar a la población sobre los peligros de acudir a esos canales.