Los sectores más afines al expresidente Andrés Manuel López Obrador al interior del Gobierno tienen en la mira al secretario de Hacienda Edgar Amador, especialmente desde la acusación la semana pasada del Departamento de Tesoro a los bancos CI e Intercam y la casa de bolsa Vector, de ser funcionales a esquemas de supuesto lavado de activos.

En diversas conversaciones, según pudo conocer LPO, culpan al secretario de Hacienda de haber presumido una relación con el Departamento del Tesoro que debería haber alcanzado para eludir el golpe contra el sistema financiero de México.

Este malestar no es del todo descabellado: desde hace semanas la asesora Altagracia Gómez, que se volvió muy cercana a Amador, venía diciendo en diversas reuniones dentro y fuera del país que el secretario había trabado una gran relación con el secretario del Tesoro Scott Bessent y con el titular de la Reserva Federal, Jerome Powell.

El obradorismo duro está particularmente molesto con la intervención a Vector, casa de bolsa que maneja cuestiones personales de diversos integrantes del elenco de la 4T.

Debe decirse: hubo una presión muy fuerte sobre Amador para que Vector no fuera intervenida pero, ante una evidencia que sería contundente en Washington, el funcionario procedió del mismo modo que con los dos bancos.

Detrás de esa negativa estaría la decisión del Gobierno de designar a Hugo López Gatell en la representación de la OMS: el nombramiento busca ser una señal de distención ante el nerviosismo por la decisión que generó la intervención de Vector.

La situación con Bessent es el corolario de otros malestares anteriores, como la amistad de Amador con el exjefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, ciertas maniobras de corte electoral en Sinaloa que explicarían una intensa campaña en la red social X contra Amador y, dato no menor, diversos comentarios privados del secretario en la última Convención Bancaria.

Los problemas son simbólicos y también de corte pragmático: Amador está aplicando una racionalidad absoluta al gasto del Gobierno en las obras insignia del sexenio pasado y esto molesta no solo por el mensaje que trasciende sobre el destino de esas obras sino también por los intereses de diversos contratistas.

Otra reacción para mantener la unión del movimiento: varias leyes de seguridad aprobadas por el Congreso buscan ser un aliciente para las Fuerzas Armadas que padecen la austeridad y que mantienen su cercanía con el obradorismo.

Como sea, Amador buscará viajar a Washington en los próximos días para una serie de reuniones que deberían alcanzar para descomprimir una situación que tiene en vilo al mercado mexicano. Allí, casi con total seguridad, habrá pedidos que también prometen nuevas escaramuzas internas: para comenzar, cambios de urgencia en la CNBV y en la UIF.