La reforma a la Ley del Mercado de Valores, impulsada desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el sector bursátil no tiene buena opinión desde el sector bancario, que podría perder una buena cartera de Pymes que, hasta ahora, tienen limitadas las fuentes de financiamiento.
La iniciativa presentada y aprobada en el Congreso a finales de este abril, tiene como objetivo aumentar el monto de capitalización en las dos bolsas de valores del país (BMV y Biva) a través de la simplificación de procesos, menores costos y tiempos de proceso para la cotización de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que, hasta ahora, la única forma de financiamiento, al menos formal, era la banca.
La propuesta fue recibida favorablemente por el sector bursátil y también en la discusión entre legisladores, sin embargo, no ha estado exenta de críticas, las cuales han surgido desde el sector bancario.
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Para entenderlo, basta revisar que, en la actualidad, el financiamiento de la mayoría de las empresas se obtiene principalmente a través de la banca, siendo un solo 20% el que se coloca en Bolsa.
Aunque vale decir que en el mercado tampoco toman con toda credibilidad las proyecciones sobre esta reforma que apunta a atraer entre 60 y 80 millones de pesos en emisiones de Pymes, de acuerdo con la propuesta de la AMIB. "Para muchos son números alegres, pero incluso alcanzándose un 30% se puede afirmar que ya es un número positivo para nuestro mercado". explicó un participante del mercado.
Las modificaciones a la ley implican una regulación que permita flexibilizar el proceso de colocaciones y tiene como espejo algunos cambios regulatorios en Estados Unidos. Se prevé que al rededor de 50,000 empresas estén interesadas en participar.
"Es una norma más laxa, pero justamente porque va a permitir que haya más emisiones de deuda y de capital, porque de otra manera las empresas no se acercan ante una serie de trámites y es muy engorroso. Lo que hacen (con esta iniciativa) es decir (a las emisoras) ‘acércate, vamos a hacer una certificación rápida, flexible, más laxa'", explicó por su parte Carlos González de Monex.
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La iniciativa fue aprobada en los últimos días de abril en fast-track en una sesión en la que se discutieron y aprobaron otras iniciativas más polémicas -como el Plan B y la Ley Minera-. Sin embargo, por el contexto en que se llevó esta sesión días después fue impugnada por la oposición ante la SJCN, quien detemrinó que no se siguió el proceso legislativo, por lo esta y el resto de iniciativas quedaron congeladas.
Aún así, la expectativa dentro del sector es que el tema se vuelva a poner sobre la mesa, para eso la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), que dirige Álvaro García Pimentel-Caraza, ya mete presión entre los legisladores para que pueda ser atraída y discutida en fast-track apenas inicie el nuevo periodo de sesiones en septiembre.
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