El creciente descontento sobre el SAT que encabeza Antonio Martínez Dagnino y las recientes modificaciones a la Ley de Amparo orillaron al gobierno a realizar un acuerdo con las calificadoras sobre el impago de impuestos de años pasados, a pesar de la postura de que en el gobierno de la 4T no habría condonaciones.

No han sido meses fáciles en la relación del gobierno y el sector empresarial, pues por un lado están más expuestas al endurecimiento de control tributario mientras que perciben un ambiente de mayor desprotección en materia legal con todos los cambios al marco institucional.

Para Martínez Dagnino esta situación golpea su liderazgo como jefe del SAT mientras crece también un duro descontento entre los empleados, que apuntan a una protesta mucho más grande a la que han hecho en los últimos días y que la propia Claudia Sheinbaum minimizó al asegurar que era solo un "pequeño grupo" en descontento.

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Pero este sentimiento de incertidumbre y creciente enojo empresarial choca con el interés del gobierno de activar las inversiones mixtas para proyectos que van desde los polos de desarrollo dentro del Plan México como temas energéticos, donde en días recientes se les ha visto a la titular de Energía, Luz Elena González y a hasta al director de Pemex, Víctor Rodríguez -que suele esquivar a los medios- promoviendo proyectos de inversión.

En el sector privado aseguran que hay interés, pero pesa más la incertidumbre. En esa duda se enmarca el acuerdo que recién alcanzó el gobierno con las aseguradoras que implica la condonación del impuesto que no enteraron años atrás a cambio de que a partir de este año paguen el gravamen.

De acuerdo con el gobierno, las aseguradoras no enteraron al fisco alrededor de 175,000 millones de pesos, lo que llevó a un litigio de años con el gobierno que incluso escaló a arbitrajes internacionales.

El acuerdo está sujeto a condiciones y se materializó a través de una reserva que fue aceptada dentro de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026 y pretende corregir las irregularidades que se tenían en cuestión de IVA, además de darle facilidades a las empresas de seguros para pagar los juicios fiscales que tienen contra la autoridad, en donde se les "perdona el impuesto".

Al respecto, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que tras la aprobación de esta Ley "lo que se busca es brindar certidumbre jurídica a los contribuyentes".

No obstante, en el sector privado persisten algunas dudas, como reveló en una conferencia este martes el IMEF, desde donde sus especialistas explicaron que si bien el litigio quedó resuelto, quedan temas sensibles para el sector empresarial.

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"El problema de fondo no se corrigió y los asegurados sufrirán costos mayores y procesos más lentos por verse impedidas las aseguradoras de acreditar el IVA de pólizas de distintas líneas de negocio en el futuro", dijeron. 

Pedro Aguilar, del IMEF, destacó también que resulta problemático que dentro de la Ley de Ingresos para 2026 se planteen temas que son para este año, lo que advirtió puede abrir diferentes interpretaciones. Además, estiman que el pago que tendrán que hacer desde ahora implicará un impacto para las aseguradores que podrá verse reflejado en el costo de las pólizas para el cliente en un alza sustancial.