En apenas un mes de la entrada en funciones de Claudia Sheinbaum como Presidenta de México, ha quedado claro que representa la continuidad del poder de Andrés Manuel López Obrador, si acaso con algunos cambios que hacen pensar que el país se dirige a una velocidad vertiginosa... pero hacia un abismo.

Queda claro, por ejemplo, que Sheinbaum no es ni será una facilitadora para la construcción de acuerdos o nuevas políticas que permitan el desarrollo del país; por el contrario, su posición es la de impulsar la agenda dictada por López Obrador, incluso sin pronunciarse sobre el desaseo legislativo encabezado por personajes como Adán Augusto López y Ricardo Monreal, en aras de hacer cumplir la voluntad de López Obrador, quien a principios de este año lanzó una serie de iniciativas que hoy están tomando curso en el Congreso en perjuicio de muchos mexicanos.

Prueba de ello es la reforma judicial, que borra de un plumazo la carrera judicial y los méritos de miles de mexicanos que dedican su vida al Poder Judicial y que, pese a ello, simplemente perderían más que un empleo: un proyecto de vida. No podemos aceptar el argumento falaz del régimen sobre la corrupción de algunos jueces y el "mandato popular" que los morenistas se atribuyen para realizar las modificaciones legislativas, pues esta reforma no está orientada a erradicar la corrupción en el Poder Judicial, ya que los cambios no afectan a las fiscalías, un eslabón crucial en la cadena de procuración de justicia en México. Son estas instancias las que tienen la facultad de realizar investigaciones y presentar expedientes sólidos ante los jueces para procesar a los delincuentes.

Que el Poder Judicial necesita cambios y reformas es innegable, pero no de la forma en que los morenistas terminaron por aplastar los derechos de los trabajadores, quienes a partir del próximo año quedarán sin empleo. Hoy sabemos, además, que, al considerar que su ciclo al frente de la Suprema Corte ha terminado, entre siete y ocho integrantes del máximo tribunal -conformado por once Ministros- renunciaron de manera conjunta a sus puestos.

Su renuncia se hará efectiva hasta el 31 de agosto de 2025, pero se anuncia hoy para confirmar que no participarán en el proceso electoral del próximo año que renovará la Corte. De esta manera, los ministros Norma Piña, Javier Laynez, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Juan Luis González Alcántara dan un paso al costado para conservar su derecho a haberes de retiro, pues la reforma judicial establece que solo los integrantes del pleno que renuncien antes del 31 de octubre serán beneficiarios de dicha prestación.

Como respuesta a los Ministros, que, dicho sea de paso, proyectan invalidar una parte de la reforma judicial, la Presidenta solo atinó a decir que "si presentan ahora su renuncia, se van a ir con todos los haberes de retiro, ¿si se entiende? Si no presentan ahora su renuncia, entonces ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que se llevan los Ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero".

Al más puro estilo de López Obrador, Sheinbaum vuelve a arremeter contra los miembros del máximo tribunal por el dinero que van a obtener -que por derecho les corresponde- y que, además, fueron los mismos morenistas quienes aprobaron esas modificaciones.

Por si fuera poco, ahora se presenta una iniciativa de "supremacía constitucional", la cual parece más una imposición de hegemonía del régimen, ya que pretende que las reformas constitucionales que Morena quiera avalar no puedan ser impugnadas, pasando así por encima de cualquier tipo de procedimiento o derechos humanos.

Es decir, si un mexicano resulta afectado (como en el caso de los jueces) por las determinaciones o modificaciones constitucionales del gobierno, no se podrá interponer ningún recurso o amparo ante la justicia federal. En el fondo, la ola guinda simplemente quiere blindar sus cambios constitucionales para que no sean cuestionados por nadie. Un signo inequívoco del carácter autoritario de estas reformas es que la iniciativa -aprobada por los senadores morenistas y que ahora se encuentra en la Cámara de Diputados- también impide las controversias constitucionales, lo que implica que ni siquiera la Suprema Corte podrá pronunciarse sobre la constitucionalidad de las modificaciones.

A los morenistas les dieron el poder... ¡y lo están usando, pero de qué forma!

Pero esto no ha terminado; en los próximos días también se espera la extinción de órganos autónomos, lo cual permitirá al régimen acumular más y más poder... y de la Oposición, es mejor ni hablar.

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