La fracción I del artículo 270 del Código Penal para el Distrito Federal dispone que se actualiza la negación del servicio público cuando un servidor público indebidamente niegue, retarde u obstaculice el servicio que tenga obligación de otorgar, y establece una pena de prisión de dos a ocho años. Ese es justamente el delito seguramente configurado la noche del miércoles 14 de agosto, cuando el encargado de despacho de la Fiscalía de la CDMX, Ulises Lara, se apersonó en el restaurante Gin Gin de la colonia Roma Norte para rescatar al exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, de una inminente detención por parte de personal de la Fiscalía de Chihuahua, quienes tenían la orden de un juez por el delito de peculado para la detención del hoy "miembro distinguido" del equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum.

Esa escena, vista y viralizada en redes sociales y noticieros, sienta un grave precedente para la cooperación entre las Fiscalías de la República, pues más allá del delito cometido, no existe un fundamento legal para que la Fiscalía de la CDMX se negara a colaborar con su contraparte anticorrupción de Chihuahua en un proceso en el que Corral fue notificado por la Secretaría de la Función Pública estatal desde julio pasado sobre un procedimiento en su contra por presunto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal por la compra de un terreno en Ciudad Juárez.

Habrá que ver qué maroma inventarán ahora en la CDMX para defender a Lara y su actuar, porque para nadie es un secreto que el exmandatario, quien renunció al PAN en noviembre de 2023, para efectos prácticos ahora forma parte de las filas morenistas y se perfila (¿o perfilaba?) para ser el fiscal anticorrupción del Gobierno de Claudia Sheinbaum... ¡Vaya paradoja!

Por lo anterior, resulta más que evidente que la maniobra del encargado de despacho de la Fiscalía capitalina tiene un fondo político al que poco interesa la aplicación de la justicia y los procedimientos establecidos en la ley.

Basta recordar que la Fiscalía de la CDMX es la misma instancia que acusaba al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, de obstrucción a la justicia por el feminicidio de una joven asesinada en octubre de 2022, y fue por él hasta Morelos para detener al funcionario con la intervención incluso de la Marina.

Con ese precedente y el poco respeto mostrado por Lara, no sería extraño que la Fiscalía capitalina iniciara una persecución en contra del fiscal anticorrupción de Chihuahua, Luis Abelardo Valenzuela, o incluso contra la gobernadora Maru Campos, teniendo en cuenta que el mismo Corral anunció el jueves 15 de agosto que entablaría demandas en contra de ambos funcionarios por lo que consideró "conductas posiblemente constitutivas de los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad en grado de tentativa y lo que resulte", tras su intento de detención.

Este penoso episodio apenas parece ser un capítulo más de la guerra que se sostiene en Chihuahua entre gobernadores y exgobernadores; sin embargo, este es particularmente grave por el hecho de que una autoridad se negara a la colaboración con su contraparte para la contribución a hacer justicia. Ya se verá en qué termina este asunto...

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