Este domingo se realizó la segunda marcha en defensa del INE con la exigencia de revertir el llamado "Plan B" del Presidente Andrés Manuel López Obrador, cuya intención es limitar al Instituto de tal forma que no han sido pocos los expertos en señalar no sólo las violaciones a la Constitución que conllevan las modificaciones a las leyes secundarias, sino el riesgo que estas representan para la democracia en México.

Si bien es verdad que el de este domingo fue un ejercicio democrático del que todos deberíamos estar orgullosos por la pluralidad que representa esa concentración en el Zócalo de la CDMX, vale la pena también reflexionar sobre el punto en el que nos encontramos en este tema, que parece una de las prioridades del gobierno de López Obrador.

Y es que una vez que el "Plan B" fue aprobado por el Congreso, decenas de recursos han sido ingresados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de ciudadanos, instituciones y hasta trabajadores del propio INE para señalar la inconstitucionalidad de las modificaciones, algo que incluso algunos morenistas han señalado en su momento.

Sin embargo debemos partir de que las modificaciones legales que se pretendían en la Reforma Electoral nunca obtuvieron un consenso, razón por la que simplemente Morena no pudo realizarlas al no obtener mayoría calificada en ambas cámaras y debió conformarse con los cambios a las leyes secundarias.

Hablamos, pues, de cambios que no fueron consensuados entre las fuerzas políticas y los legisladores morenistas simplemente aprobaron lo que el Presidente les mandó en la iniciativa, por lo que dejaron de ser un poder funcional en el país al no actuar como contrapeso y dar carta abierta a las modificaciones del tabasqueño.

De esta manera, será ahora la Suprema Corte la que determine si el "Plan B" no viola los preceptos constitucionales por medio de un sistema de mayoría calificada para invalidar una ley, es decir, se requieren 8 votos de 11 de los ministros para invalidarla.

Ciertamente, por la configuración de los ministros en la Corte, se antoja difícil que se alcance esta mayoría para echar abajo las modificaciones aprobadas, sin embargo aquí cabe hacer la reflexión de hasta dónde ha llegado este tema que para el país claramente no era un problema.

El INE funciona eficazmente y da certeza a los comicios, pues el el garante de la defensa del voto de todos los mexicanos, razón por la que el mismo López Obrador llegó al poder y hoy estamos en riesgo de perder una institución reconocida a nivel mundial por la certeza que da a los comicios así como por su capacidad de organizar las elecciones.

Estamos, pues, a las puertas de un problema que no teníamos y muy cerca de retroceder 30 años en la democracia de este país por la decisión de una persona que ha sido "respaldada" por su séquito instalado en el Congreso y a las puertas de dos elecciones estatales (Coahuila y Edomex) pero también de la elección presidencial del 2024.

La preocupación por este tema no es sólo de los mexicanos, pues en Estados Unidos y algunas organizaciones ya se muestran signos de alarma por el retroceso que significa el "Plan B", por mucho que el Presidente se empeñe a diario en señalar, atacar, vociferar y polarizar. La realidad es que la posición a la que está llegando el país es muy delicada y quedará la decisión en una Corte que llega además muy maltrecha, tanto por los ataques que recibe una y otra vez desde Palacio Nacional, como por las dudas que despiertan los presuntos plagios de las tesis de licenciatura y doctorado de la Ministra Yasmín Esquivel.

Sin duda, hoy más que nunca se necesita en la Corte un equilibrio de poderes y un contrapeso real que evite que este "Plan B" ponga a México en una situación más delicada de la que ya está, pero lo que más preocupa es hasta dónde puede llegar el actual gobierno en su afán de dinamitar lo que a millones de mexicanos las ha costado años construir y cómo saldrá el país librado de esta decisión.

Ya se verá...

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