Las sanciones anunciadas esta semana por Estados Unidos contra una red acusada de operar un esquema de huachicol fiscal comenzaron a repercutir en el Congreso. En San Lázaro crece la idea de que el tema debe convertirse en una prioridad legislativa, con eventuales reformas orientadas a reforzar los controles aduaneros, endurecer sanciones.

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el huachicol "exige respuesta de Estado" y llamó a construir un marco jurídico más robusto para enfrentar el robo y el contrabando de hidrocarburos. "No solamente está saqueando las finanzas nacionales y debilitando la capacidad fiscal y financiera de la inversión pública, sino también formando una casta política criminal muy poderosa, que pone en peligro las propias instituciones", dijo durante una mesa redonda organizada por la Bolsa Institucional de Valores.

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También propuso revisar los mecanismos de trazabilidad de las importaciones y reforzar la vigilancia en puertos, aduanas y terminales de almacenamiento. "Si no se frenan estas redes, el país seguirá perdiendo recursos esenciales para el desarrollo", expresó. Y añadió que, si se enfrentan con decisión, México podría fortalecer sus finanzas, su legalidad y su capacidad de crecimiento con bienestar.

El diputado de Morena adelantó que revisa una serie de propuestas legislativas orientadas a reforzar el control en aduanas, combatir la corrupción en la cadena de importación y distribución de combustibles, incorporar marcadores químicos para identificar hidrocarburos de procedencia ilícita y mejorar los sistemas de trazabilidad. Según explicó, estas medidas formarían parte de una estrategia enfocada en fortalecer la soberanía y la seguridad energética del país.

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También hizo referencia a la Stop Fueling Cartel Violence Act, una iniciativa presentada en mayo por senadores estadounidenses, que sostiene que el contrabando de combustibles implicaría para México pérdidas cercanas a 24 millones de dólares diarios en ingresos fiscales. Además, citó estimaciones de Pemex según las cuales en 2024 se habrían robado alrededor de 987 millones de litros de combustible, casi tres veces más que en 2019.

El martes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra dos empresarios mexicanos y nueve empresas por presuntamente participar en una red dedicada a importar combustible mediante esquemas fraudulentos para evadir impuestos y lavar recursos. Según las autoridades estadounidenses, parte de la estructura financiera beneficiaba al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que en México la Unidad de Inteligencia Financiera congeló cuentas como parte de una acción coordinada entre ambos gobiernos.