La acusación formal de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya y el senador morenista Enrique Inzunza sacudió al Congreso y abrió un nuevo frente de crisis para Morena. La oposición aprovechó el golpe de la justicia estadounidense para reposicionarse y pasar a la ofensiva, en un momento especialmente incómodo para el PAN, que venía a la defensiva por la investigación de la Fiscalía General de la República sobre la presunta colaboración del gobierno de Chihuahua de Maru Campos con agentes de la CIA.

En el Senado, la bancada panista aprovechó la última sesión del periodo ordinario para colocar el tema en la agenda. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, recordó que ya había solicitado citar a comparecer a Rocha Moya y adelantó que insistirá durante los trabajos de la Comisión Permanente. "Queremos que haya claridad y que explique cómo es que está acusado de narcotráfico en Estados Unidos", lanzó desde tribuna.

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En San Lázaro, el coordinador del PRI, Rubén Moreira exigió una respuesta institucional del gobierno federal y sostuvo que el Estado mexicano debe pronunciarse sobre la gravedad de las acusaciones. En la bancada tricolor incluso comenzó a instalarse la idea de que Rocha debería separarse del cargo para enfrentar las investigaciones y evitar contaminar el proceso político en Sinaloa.

El PAN en la Cámara Baja calificó el caso como una "prueba decisiva" para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Los panistas advirtieron que la reacción del Ejecutivo frente a una eventual solicitud de extradición marcará el nivel de cooperación con Washington y acusaron que, en México, existe un esquema de impunidad para funcionarios vinculados al crimen organizado.

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Por su parte, Movimiento Ciudadano también se sumó a la presión. El coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda, planteó que tanto Rocha como Inzunza deben "dar la cara" y ofrecer explicaciones públicas, bajo el mismo criterio con el que se ha exigido rendición de cuentas a otros gobernadores en investigaciones recientes.

En contraste, Morena cerró filas en defensa de sus cuadros. El líder parlamentario en el Senado, Ignacio Mier, llamó a no anticipar juicios y aseguró que, tras una revisión preliminar, las imputaciones de la justicia estadounidense "no traen sustento" bajo la legislación mexicana ni los acuerdos bilaterales. Además, cuestionó la difusión pública de las acusaciones y sugirió que Washington violó principios de confidencialidad previstos en tratados de extradición.

En ese contexto, Inzunza rompió el silencio y denunció que las acusaciones forman parte de una ofensiva política contra Morena y la 4T. A través de un mensaje en X, rechazó "enfática y firmemente" las imputaciones y aseguró que se trata de un ataque contra su persona, el partido y el legado político de Andrés Manuel López Obrador. Su defensa, sin embargo, no logró desactivar la tormenta política que ya se instaló en el Congreso.