La renovación de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá definirse dentro de un año y ya comenzó una disputa por las reglas para elegir al sucesor de Hugo Aguilar. Frente a este escenario, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió a los ministros buscar un acuerdo para evitar una confrontación pública y reconoció que existen dos disposiciones constitucionales que plantean criterios distintos para definir al próximo presidente de la Corte.

Por un lado, una de las disposiciones establece que la presidencia corresponde a quien haya obtenido el segundo lugar en la votación para integrar la Corte. Bajo esa interpretación, el cargo correspondería a la ministra Lenia Batres, quien fue la segunda candidata más votada en la elección judicial de 2025. La otra disposición establece que el Pleno de ministros debe decidir por mayoría quién ocupará la presidencia.

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"En un sentido estricto, ella (Lenia Batres) podría acceder a la presidencia, pero también está la otra interpretación constitucional que, por antigüedad, tiene también aplicabilidad", señaló Monreal. En las últimas semanas distintos ministros se pronunciaron sobre la necesidad de revisar las reglas para definir al próximo titular del tribunal. Monreal consideró que el Congreso podría resolver el problema mediante una reforma que elimine una de las dos disposiciones contradictorias. Pero, mientras eso no ocurra, planteó que sean los propios ministros quienes alcancen un acuerdo.

"Lo que deberían intentar es un acuerdo entre los ministros para que no se presentaran este tipo de confrontaciones públicas que ya están rebasando lo normal y lo recomendable", afirmó. El dirigente morenista también cerró la puerta a una eventual continuidad de Aguilar al frente de la Corte por otros dos años. "No creo tampoco que (Aguilar) vaya a ratificarse por dos años al ministro actual", sostuvo.

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El legislador reconoció además que el Poder Legislativo tiene parte de responsabilidad en el conflicto por no haber corregido la contradicción normativa. Sin embargo, insistió en que existe una salida institucional y jurídica. Monreal explicó que la Constitución únicamente exige la integración completa del tribunal para calificar una elección presidencial, por lo que actualmente no existe un impedimento para que continúe resolviendo los asuntos bajo su competencia.