Senadores de Movimiento Ciudadano (MC) y del PRI se sumaron a la exigencia para que directivos de Petróleos Mexicanos (Pemex) comparezcan en el Senado y den explicaciones públicas sobre lo ocurrido. A comienzos de esta semana, distintos bloques de la Cámara de Diputados ya habían solicitado la presencia de funcionarios de la petrolera y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en San Lázaro. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, buscó bajar el tono y pidió "dar tiempo" al Gobierno para esclarecer los hechos.

Pero en el Senado sectores de la oposición endurecieron su postura. El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó al Gobierno de ocultar información y modificar su versión sobre el origen del derrame. "Primero negaron el derrame en el Golfo, dijeron que pudo ser un buque o chapopoteras, y ahora reconocen que sí hubo fuga en instalaciones de Pemex", afirmó en X. Y remató: "Exigimos que las autoridades comparezcan y den explicaciones claras sobre lo ocurrido".

En paralelo, el PRI formalizó el pedido con la presentación de un punto de acuerdo para citar a comparecer al director general de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla. Buscan que explique la presencia de hidrocarburos en costas de Veracruz y Tabasco, así como el impacto real del derrame.

En el tricolor advierten inconsistencias en la versión oficial sobre el origen del incidente. Mientras el Gobierno apunta a causas externas, como embarcaciones o fenómenos naturales, pescadores, comunidades locales y organizaciones ambientales reportan afectaciones crecientes en la pesca, el turismo y los ecosistemas.

En San Lázaro presionan para que comparezcan titulares de Pemex y Semarnat

El reclamo incluye la entrega de un informe en un plazo de 15 días, con datos sobre la magnitud del derrame, los daños ambientales y económicos, y las medidas de contención y remediación por parte de la petrolera. Además, tanto las bancadas del PRI como de MC presionan para que la comparecencia se concrete antes del cierre del periodo ordinario, previsto para el 30 de abril. Buscan acelerar los tiempos y evitar que el tema se diluya en la agenda legislativa.