La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, apuntó contra el gobernador de Sinaloa en licencia, Rubén Rocha Moya, y exigió se actúe ante la solicitud de detención provisional con fines de extradición impulsada desde Estados Unidos. La dirigente panista advirtió que las acusaciones contra el gobernador sinaloense representan un hecho "sin precedente".

"Lo que está pasando en Sinaloa es de importancia para los mexicanos. Las recientes declaraciones de autoridades de los Estados Unidos, particularmente del Departamento de Justicia y de la Fiscalía del distrito Sur de Nueva York, en la que se señalan a diez personas, incluyendo a un gobernador en funciones, por presuntos vínculos con el narcotráfico, nunca antes había sucedido en nuestro país", afirmó.

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La legisladora aseguró que el Estado mexicano está obligado a responder "con absoluta responsabilidad, dentro del marco de la legalidad y con plena transparencia" y advirtió que una eventual protección política a Rocha tendría consecuencias institucionales. "Si frente a estos señalamientos se optara por encubrir, minimizar o evadir responsabilidades, estaríamos ante una situación gravísima de impunidad y ante un daño de credibilidad de nuestras instituciones", sostuvo.

La panista buscó instalar la idea de que el caso no surgió de manera aislada, sino como resultado de advertencias previas que, según dijo, fueron ignoradas por el gobierno federal. Mencionó el asesinato de Héctor Melesio Cuén y los señalamientos públicos realizados por dirigentes opositores sobre la presunta penetración del crimen organizado en la política sinaloense.

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Además, reclamó consistencia al oficialismo al recordar que durante los gobiernos de Morena se amplió el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. "Este gobierno fue uno de los mayores impulsores de la prisión preventiva oficiosa (...) ¿Por qué para millones de mexicanos funciona una lógica y por qué para otros mexicanos o para diez funciona otra?", cuestionó.

López Rabadán también realizó una defensa explícita de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, al rechazar cualquier intento de equiparar su situación con la de Rocha. Consultada sobre ambos casos, la diputada marcó una diferencia entre el operativo que habría sido llevado adelante por agentes de la CIA en territorio chihuahuense y las acusaciones formales contra el mandatario sinaloense. "¿Es lo mismo desmantelar un narcolaboratorio que estar acusado por una autoridad de Estados Unidos de vínculos con el crimen organizado? Yo no lo creo. Es absolutamente distinto", afirmó sin dar más detalles. Y remató: "Incluso yo diría que es ofensivo a la inteligencia de las personas equiparar los casos".