La muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento organizado por la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Tamaulipas, puso bajo la lupa a las escuelas militarizadas privadas. Legisladores de Morena y Movimiento Ciudadano coincidieron en que el caso exhibió vacíos legales y deficiencias en la supervisión de estos planteles, por lo que impulsan cambios para endurecer los controles.

La morenista Guadalupe Chavira anunció que revisarán el Reglamento para el Funcionamiento de las Academias Particulares de Tipo Militar, vigente desde 1943, al considerar que se trata de una norma "anacrónica" que ya no responde a los estándares actuales de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

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Para la legisladora, el caso de Dafne, cuya muerte es investigada por presunta asfixia durante un campamento de verano, puso en evidencia los vacíos del reglamento, ya que ese tipo de actividades ni siquiera está contemplado en la legislación vigente. También cuestionó que el decreto permita una formación basada en jerarquías, el uso de grados similares a los militares e incluso instrucción de tiro para alumnos desde secundaria.

"El Senado no puede permanecer inmóvil", sostuvo Chavira al exigir una investigación contra los responsables del plantel y plantear un nuevo marco legal que traslade a la Secretaría de Educación Pública las facultades para regular estas instituciones, responsabilidad que actualmente recae en la Secretaría de la Defensa Nacional conforme al decreto de hace más de ocho décadas.

La senadora recordó el caso de Erick Leonardo Terán Torbellín, un adolescente de 13 años que murió en 2025 durante un campamento de la Academia Militarizada Ollin, en Morelos. A su juicio, ambos episodios demuestran que no se trata de hechos aislados, por lo que pidió suspender los cursos de verano de este tipo de planteles mientras se revisa la legislación.

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En el mismo sentido, la diputada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, solicitó a la SEP y a la Secretaría de la Defensa Nacional establecer protocolos de operación para las escuelas y campamentos militarizados, además de transparentar cuántos planteles de este tipo funcionan con autorización oficial y bajo qué mecanismos son supervisados. "Mario Delgado desde la SEP tiene que hacerse responsable, tiene que responder por este feminicidio en ese plantel, y también, precisamente, por la regulación federal al respecto", sostuvo la emecista.

Además, adelantó que presentará una iniciativa para prohibir prácticas disciplinarias degradantes y hacer obligatoria la presencia de personal certificado en primeros auxilios, protocolos de emergencia y servicios médicos en campamentos y escuelas militarizadas.