El presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral, aceleró las negociaciones para que la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante llegue al próximo periodo ordinario con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, para convertirla en uno de los primeros acuerdos legislativos del mes de septiembre.

Durante una reunión de trabajo de la comisión, el senador morenista planteó una ruta para construir un dictamen de consenso a partir de las iniciativas presentadas tanto por él como por el emecista Luis Donaldo Colosio. El objetivo, explicó, es compatibilizar ambos proyectos e incorporar las observaciones del resto de las bancadas antes de que inicien formalmente los trabajos legislativos.

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La propuesta busca crear un sistema nacional de justicia cívica para atender conflictos o controversias menores, faltas administrativas y controversias sin necesidad de judicializarlas, mediante juzgados cívicos, mecanismos de mediación y personal especializado. Con ello, el Senado pretende reducir la carga de los tribunales y ofrecer soluciones más rápidas y de menor costo para la ciudadanía.

Uno de los ejes de la iniciativa es la creación de un esquema de justicia itinerante, pensado para municipios y comunidades alejadas que carecen de infraestructura suficiente para instalar juzgados cívicos permanentes. La intención es establecer bases generales para que los estados desarrollen estos mecanismos con apoyo de la federación.

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Aunque existe disposición para avanzar, durante la discusión también surgieron observaciones de distintos partidos. El senador Enrique Inzunza, quien reactivó sus tareas en la Cámara Alta tras casi dos meses de ausencia, advirtió que deben precisarse las reglas sobre detenciones en flagrancia para evitar espacios de discrecionalidad, mientras que la panista Guadalupe Murguía pidió revisar el impacto de la ley en comunidades indígenas donde prevalecen sistemas normativos propios. Desde Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales destacó la incorporación de protocolos específicos para niñas, niños y adolescentes.

La iniciativa responde a una demanda que el Congreso mantiene pendiente desde hace varios años y que busca homologar los mecanismos de justicia cívica en todo el país. Si Corral consigue el acuerdo entre las distintas fuerzas políticas durante el receso legislativo, Morena llegaría al periodo ordinario de septiembre con otro dictamen listo para su aprobación en una materia donde, hasta ahora, existe margen para el consenso.