La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, volvió a enviarle una señal al Poder Judicial de la Federación al nombrar a la exfiscal de la CDMX Ernestina Godoy como su consejera jurídica, una mujer identificada con los sectores más duros y puros de Morena que reitera las posturas más fuertes y críticas de la 4T con la Justicia.
Este jueves, en el marco del primer anuncio de su equipo de gobierno, Sheinbaum confirmó que la exfiscal con la que trabajó en la CDMX será su Consejera Jurídica, un cargo de vital importancia en el vínculo y la relación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial. Además, llega en momentos en los que el oficialismo impulsa una reforma judicial que genera críticas por parte de la oposición y de la propia Corte Suprema.
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A lo largo de su carrera, Ernestina Godoy se ha identificado con los sectores más duros de Morena. Primero lo hizo desde su banca como diputada federal entre 2015 y 2018 y después como Fiscal de la CDMX, donde encabezó las principales pesquisas contra el "Cártel Inmobiliario", una causa judicial que investiga una presunta red de corrupción en la alcaldía Benito Juárez vinculada a la construcción ilegal de edificaciones.
En la capital, este trabajo fue denunciado como una "persecución" por parte de la oposición, especialmente de los sectores del PAN que fueron investigados. A raíz de esto, en enero de este año Godoy no logró su ratificación como fiscal de la capital. Como consecuencia, fue candidata al Senado junto a Omar García Harfuch, un cargo que, finalmente, no ocupará para desembarcar en el equipo federal de Sheinbaum. Dicho asiento será relevado por la líder del Partido Verde, Karen Castrejón.
Otro de los casos que generó polémica a lo largo del trabajo de Godoy fue el arresto que ordenó en contra de su homólogo de Morelos, Uriel Carmona, a quien acusó de haber encubierto un feminicidio. Nuevamente, la oposición denunció "persecución" y, finalmente, el funcionario fue puesto en libertad y hasta el momento continúa al frente de su oficina judicial.
Como adelantó LPO, el cargo de consejería jurídica finalmente no fue para el exministro de la Corte Suprema Arturo Zaldívar, quien mantiene un duro enfrentamiento con la presidenta del organismo, Norma Piña. El exfuncionario tendrá un papel vinculado a la elaboración de programas y proyectos para mejorar el funcionamiento de los tribunales y la propia reforma judicial que impulsa el oficialismo.
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