El saldo trágico de tres personas muertas que dejó el derrumbe de un edificio sobre la Calzada de Tlalpan revivió la polémica y las tensiones entre el oficialismo de la Ciudad de México y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Este miércoles, la edil respondió a las acusaciones que lanzó en su contra el gobierno capitalino al asegurar que el permiso de demolición que recibió la empresa para avanzar con dichos trabajos lo habría aprobado la Secretaría de Vivienda y no su propia administración.

La nueva crisis comenzó el lunes, cuando las obras de demolición que se realizaban en un edifico ubicado en la colonia Tránsito se derrumbó y provocó la muerte de tres trabajadores. Al día siguiente, en conferencia de prensa, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, señaló la presunta responsabilidad que habría tenido la demarcación al sostener que era su "responsabilidad verificar que se adopten las medidas necesarias, garantizar las condiciones de seguridad para las personas y evitar riesgos a la vía pública como supervisar que las demoliciones se realicen con los procedimientos y protecciones adecuados para prevenir daños a terceros". Este miércoles, la alcaldesa, Rojo de la Vega, salió al cruce y acusó al funcionario de "mentir" y "omitir la verdad".

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A través de las redes sociales, Rojo de la Vega sostuvo que los permisos de demolición no los brindas las autoridades locales, sino el gobierno central. Según explicó, el edificio que se derrumbó recibió beneficios administrativos por parte de la Secretaría de Vivienda y la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México por tratarse de una edificación que sufrió daños estructurales en el sismo de 2017. Según este relato, ambas dependencias centrales firmaron un acuerdo a través del cual se le permitiría a la oficina que conduce Inti Muñoz "aprobar demoliciones sin estudio ni programa de protección civil".

Asimismo, relata Rojo de la Vega, el 26 de septiembre del año pasado los particulares solicitaron los permisos de demolición ante su gobierno, que fueron negados cuatro días más tarde por "no cumplir con los requisitos mínimo de demolición". De todas maneras, la empresa habría recibido el visto bueno de la Secretaría de Vivienda en octubre a través del acuerdo firmado con la Comisión de Reconstrucción. "Nosotras dijimos que no, pero ellos dijeron que sí", agregó. Además, denunció que la empresa incumplió los tiempos legales para avanzar con los trabajos, por lo que Vivienda debería haber clausurado la obra.

Las acusaciones de la alcaldesa no acabaron aquí. Horas después, el grupo parlamentario de Morena del Congreso local brindó una conferencia donde sostuvo que el acuerdo de facilidades que citó la alcaldesa no se encuentra por encima de la ley de alcaldías, donde se detallan las responsabilidades de las demarcaciones en materia de obras y demoliciones. "Es mentira que esté por encima de la Constitución y la ley. Son muy claras las atribuciones de las alcaldías. Sería muy grave que se usen documentos que no tienen fundamentos", disparó la coordinadora guinda, Xóchitl Bravo, quien estuvo acompañada por las principales figuras del bloque oficialista.

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De esta manera, revive la tensión que existe entre el gobierno central que encabeza Clara Brugada y la alcaldesa Rojo de la Vega, una de las figuras más fuertes de la oposición chilanga de cara a las elecciones de 2027 y 2030. Desde que iniciaron ambas administraciones, en el 2024, hubo distintos cruces y polémicas por diferentes motivos. El último había sido, por ejemplo, el que generó hechos de violencia durante un operativo de la demarcación contra el comercio callejero en la Avenida San Cosme. Ahora, la polarización nació por el trágico derrumbe de un edificio que provocó la muerte de tres hombres en la colonia Tránsito.