Luego de la disputa callejera en la Zona Rosa entre comerciantes de su organización y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, la diputada Diana Sánchez Barrios presentó un proyecto de decreto para regular las mesas de trabajo de las demarcaciones y la sociedad civil y evitar rupturas o desacuerdos entre las partes. "Escuchar no es un acto de cortesía democrática, es una obligación política", argumentó.
La polémica entre la diputada y la alcaldesa renació la semana pasada, cuando la alcaldía lideró un operativo contra el comercio callejero en la Zona Rosa. Al momento de llegar junto a la Policía a la calle Génova, la alcaldesa fue rechazada y violentada por sectores comerciantes, lo que provocó una riña que dejó efectivos policiales heridos y una denuncia penal presentada ante la Fiscalía por la propia Rojo de la Vega. Por su parte, la organización ProDiana AC denunció que el control se realizó luego de que las autoridades rompieran una mesa de trabajo de manera unilateral.
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Ante esto, este miércoles Sánchez Barrios presentó un proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de las alcaldías y regular las mesas de trabajos que llevan a cabo las autoridades locales con sectores de la sociedad civil. Según explicó, la misma busca establecer la "obligación de asistir y participar en las mesas de trabajo ciudadanas con representantes que tengan capacidad de decisión". Asimismo, apunta a regular los plazos y procedimientos para el cumplimiento de los acuerdos y las justificaciones cuando esto no suceda para controlarlas bajo la órbita de la Contraloría.
"No se trata de impedir la gestión, se trata de exigir gobernanza responsable. Lo que no se puede permitir es la repetición de prácticas que convierten el ejercicio del poder local en un espectáculo propio de sistemas no democráticos", declaró la diputada de la 4T, quien mantiene una de las cruzadas más fuertes del oficialismo contra la alcaldesa de la Cuauhtémoc. "No vamos a tolerar que la discrecionalidad administrativa se convierta en abuso. No vamos a normalizar el autoritarismo", agregó.
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Esta propuesta llega después del operativo en la calle Génova, que los comerciantes denuncian que se realizó minutos después de que sus representantes presentaran los papeles y permisos correspondientes ante las autoridades; y que, por lo tanto, el accionar habría sido innecesario. "Cuando las autoridades no se presentan, envían representantes sin capacidad de decisión, o incumplen compromisos, se está arrebatando a la ciudadanía la posibilidad de incidir en decisiones que afectan su vida y su sustento", agregó la antigua priista.
El futuro legislativo de la propuesta es incierto en el Palacio de Donceles ya que, hasta septiembre, el Congreso local sesiona bajo la modalidad de comisión permanente. A raíz de esto, Sánchez Barrios debería esperar para lograr una resolución. De todas maneras, aún tampoco se conoce la distribución de votos y si el grueso de la 4T decidirá avanzar con la misma. De todas maneras, la iniciativa revela, una vez más, las tensiones y la polarización que existe con Alessandra Rojo de la Vega, que prometen profundizarse más a medida que se acerquen las elecciones del año que viene.
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