La nueva contralora de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, inició sus trabajos al rente de dicha dependencia con una investigación en contra del alcalde panista de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, quien está acusado de presuntos hechos de corrupción relacionados con una obra ilegal ubicada en la calle Lafontaine 110, en la colonia Polanco.

Las investigaciones que comenzaron a realizarse en las últimas horas partieron de una denuncia presentada por el diputado local y exalcalde de la misma demarcación, Víctor Hugo Romo, quien denunció que la alcaldía habría permitido la finalización y el funcionamiento de la obra ilegal a pesar de las denuncias que existían en contra de la misma por un grupo de vecinos que denunciaban que contaba con pisos de más.

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El exhorto fue aprobado por el Poder Legislativo el 11 de septiembre y la Contraloría inicó sus trabajos recientemente de la mano de su flamante secretaria, Nashieli Ramírez Hernández, quien fue nombrada por unanimidad en dicha posición hace pocas semanas. De esta manera, una de sus primeras investigaciones apunta a la oposición y a uno de los alcaldes con más alto perfil de cara a las elecciones de 2027 y 2030.

Según la denuncia, en el 2018 las autoridades de la PAOT detectaron pisos por fuera de la ley en la construcción de Lafontaine 110, cuando gobernaba la última candidata a presidenta por la alianza opositora, Xóchitl Gálvez. En aquel momento se ordenó una remodelación, pero la constructora involucrada habría avanzado con nuevos trabajos que no habría respetado la superficie original, ni la altura ordenada ni el espacio de área libre ordenado por la ley.

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"Durante la administración 2021-2024 de la alcaldía Miguel Hidalgo, encabezada por Mauricio Tabe Echartea, lejos de corregirse las irregularidades en Lafontaine 110, éstas se toleraron e incluso consumaron, presumiblemente con complicidad de servidores públicos", declaró en su momento el diputado local, quien demandó que se investigue, además del alcalde panista, al director de Gobierno y Jurídico, César Garrido, y los titulares de la direcciones ejecutivas de Registro y Autorizaciones, Esther Alicia Martínez Castañeda, y de Servicios Urbanos, José David Rodríguez Lara.

De esta manera, la investigación amenaza con revivir la tensión entre el oficialismo y el PAN al tener en cuenta, por ejemplo, que en la 4T ya mencionan este caso como un nuevo ejemplo del "cártel inmobiliario", la causa que investiga presuntas obras ilegales con el beneplácito de autoridades panistas. Al mismo tiempo, en la oposición denuncian un nuevo caso de "persecución" que estarían relacionada con las aspiraciones políticas que tiene Tabe de cara al futuro una vez que deje el poder en la demarcación.