En el gobierno de la CDMX se volvieron a encender las alarmas ante los preparativos que crecen por parte de una serie de organizaciones sociales y políticas que ya organizan la segunda marcha contra la gentrificación en la capital nacional. Con los recuerdos todavía frescos de lo que sucedió en la Condesa y Roma Sur, el oficialismo busca instalar mesas de diálogo para desactivar con anticipación un evento que podría volver a generar repercusiones internacionales.

En conferencia de prensa, el diputado local Emilio Guijosa convocó a la ciudadanía local a participar de lo que calificó como un "espacio plural y abierto de escucha, discusión y propuestas frente a uno de los fenómenos más preocupantes de la capital". "Buscamos reconocer las causas estructurales de la gentrificación, como la especulación del suelo, el turismo inmobiliario, la desigualdad habitacional y el despojo cultural, e identificar las respuestas necesarias desde lo legislativo, lo gubernamental, lo comunitario y lo empresarial", agregó.

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En el oficialismo aseguran que el debate que genera la gentrificación es una discusión que no le molesta al gobierno local porque es una demanda que parte de sectores progresistas, a los que Morena busca representar. Además, es un fenómeno que se asienta en las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, las tres gobernadas por la oposición. Por último, permite poner sobre la mesa otro tema relacionado con la vivienda: el cártel inmobiliario con el que Morena golpea al PAN. Es por esto que, adelantan, no busca esquivar los debates.

A raíz de esto, Guijosa convocó a los diversos colectivos a discutir la gentrificación. "Reconocemos que la gentrificación no es sólo un problema de vivienda: también es de identidad, de servicios, de cultura y de desigualdad urbana", declaró y adelantó que las mesas de debate se sentarán en tres temas principales: el derecho a la vivienda y la regulación del arrendamiento abusivo; la defensa de la identidad cultural y lingüística de la ciudad y la responsabilidad del sector privado frente a prácticas excluyentes.

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A esto se suma el programa "Vivienda pública para renta" que lanzó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a través del cual colocará a disposición de sectores vulnerables de la sociedad casas a precios accesibles cuyas rentas no superarán le 30% de los ingresos de dicho grupo familiar. "El crecimiento de la renta ha sido demasiado alto. Llegó la hora de ir construyendo política pública que nos ayude a destensar esas zonas, que nos ayude a arraigar a la población, a sus pueblos, colonias, barrios, en los que históricamente han vivido", declaró la exalcaldesa, quien pidió "reformas legislativas" para avanzar con esta agenda.

Con este tipo de acciones, el oficialismo busca desactivar o controlar la segunda marcha contra la gentrificación luego de los hechos de violencia que se registraron en la Condesa y Roma Sur. Además, la Secretaría de Seguridad Ciudadana establecerá un protocolo para impedir hechos de violencia que puedan repercutir en el escenario internacional, especialmente en la relación con los Estados Unidos.