Desde que llegó a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada hizo un fuerte énfasis en la lucha contra la extorsión en la CDMX, uno de los crímenes que más ha crecido durante el último tiempo. Este lunes, por ejemplo, la comisión de administración y procuración del Congreso local aprobó un nuevo dictamen con nuevas disposiciones vinculadas a este delito. Sin embargo, desde el PAN denunciaron que el oficialismo oculta información vinculada a la lucha de este delito.

A partir de una serie de iniciativas presentadas por el PRI, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, y la propia Clara Brugada, este lunes el Poder Legislativo aprobó el dictamen para modificar los artículos 253, derogar otras disposiciones y agregar nuevas indicaciones para combatir los diferentes tipos de extorsión que existen en la capital y, al mismo tiempo, calificar a este crimen de tipo "grave" para aumentar las penas en su contra.

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La iniciativa recibió el acompañamiento de todas las bancadas legislativas del Congreso capitalino al tener en cuenta que los diversos grupos políticos coinciden en la necesidad de combatir a este delito. Por ejemplo, la iniciativa cuenta con propuestas hechas por Alessandra Rojo de la Vega y, al mismo tiempo, del equipo de seguridad que lidera el secretario de Seguridad, Pablo Vázquez Camacho. Las propuestas coinciden en el hecho de que las extorsiones afectan los bienes materiales de las personas, pero además su tranquilidad al generar un estado de desequilibrio físico y psicológico.

A pesar de que se espera el acompañamiento de todos los grupos parlamentarios y que en este tema no haya divisiones entre el oficialismo y la oposición, este lunes la diputada de PAN Olivia Garza denunció que el gobierno de la Ciudad "clasificó como reservada la información relacionada con la cantidad de celulares decomisados en los penales capitalinos", un hecho que, aseguró, "pone en duda" el combate contra las extorsiones telefónicas.

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Según explicó la exconcejala de Iztapalapa, el pasado cinco de septiembre la Subsecretaría de Sistema Penitenciario recibió la aprobación central para reservar dicha información ante el argumento de que su revelación podría generar "motines al interior de los penales". "Lo reservaron por tres años. Ahora no podemos saber si están haciendo algo con las extorsiones desde los penales o están del lado de la delincuencia", denunció.