De la mano del debate por la gentrificación y el aumento de las rentas en la CDMX, el oficialismo volvió a la carga contra el Cártel Inmobiliario, uno de los temas que más profundizó durante la última campaña, pero que desde la llegada al poder de Clara Brugada no se volvió a reflotar. Ahora, el grupo parlamentario de Morena en el Congreso local creará una comisión especial para investigar al ahora presidente nacional del PAN, Jorge Romero.

Como relató LPO, a raíz de las protestas y los diálogos que se establecieron por el debate de la gentrificación, el oficialismo volvió a poner sobre la mesa las investigaciones que pesan en contra del PAN por las presuntas construcciones ilegales que se habrían llevado a cabo en la alcaldía Benito Juárez con el visto bueno de las distintas administraciones panistas. La semana pasada, el grupo parlamentario de Morena en San Lázaro propuso crear una comisión investigadora y en la CDMX el diputado Juan Gualito exhortó a la demarcación a retirar las placas que nombran al exalcalde que hoy está preso por esta causa, Christian Von Roehrich.

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La vicecoordinadora de Morena en el Congreso de la CDMX, Brenda Ruiz, confirmó que se creará una comisión, en coordinación con San Lázaro, para investigar el daño que habría causado el desvío de siete mil millones de pesos en Benito Juárez y los ocho mil millones que se habrían malversado como parte del Fondo para la Reconstrucción del terremoto de 2017. "El modelo de corrupción del Cártel Inmobiliario se ha expandido a otras alcaldías, donde cada vez hay más denuncias contra sus prácticas. Los miembros del Cártel Inmobiliario son promotores de la gentrificación", manifestó.

Además, el oficialismo extendió las denuncias desde Benito Juárez hacia Miguel Hidalgo, donde acusan al alcalde panista, Mauricio Tabe, de promover las mismas prácticas ilegales. "Para el alcalde el gobierno sólo es una oportunidad de negocios inmobiliarios", disparó la diputada local Cecilia Vadillo. A raíz de esto, anunciaron la creación de una "patrulla anticorrupción", donde la ciudadanía podría denunciar construcciones irregulares.

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En este sentido, Vadillo sostuvo que la patrulla acudirá a "todos aquellos establecimientos, construcciones y antros que violen el uso del suelo y horarios establecidos por la ley, obras con suspensiones simuladas y que presentan irregularidades en dimensiones y altura". Según explicó, las estimaciones anticiparían la existencia de 140 establecimientos que violarían diversas disposiciones del gobierno local.