En Morena los denominaron "El Grupo Utopía". Se trata de un grupo integrado por, entre otros, Francisco Chíguil Figueroa, ex alcalde de Gustavo A. Madero; Raymundo Martínez Vite, ex alcalde de Tláhuac; y Judith Venegas, alcaldesa de Milpa Alta. Todos ellos buscan alcanzar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México respaldando la nominación de Clara Brugada Molina, ex alcaldesa de Iztapalapa. 

El objetivo político de fondo de estos alcaldes es aumentar su control en diversas alcaldías. Y en esa disputa, El Financiero destapó una serie de cuestionamientos por manejos irregulares de recursos al interior del Grupo Utopías.

A raíz de esas denuncias, LPO investigó los principales denuncias en contra de este grupo. Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la participación de funcionarios de la capital y de diferentes alcaldías de la Ciudad de México con dinero público en la promoción de Brugada.

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En el caso de la propia Clara Brugada, el medio Reporte Índigo reveló que la alcaldía Iztapalapa que ella gobernaba se detectaron deficiencias en el uso de recursos público, por lo que más 545 millones de pesos tuvieron que ser fiscalizados. Ese mismo año la alcaldía recibió por "un error administrativo" 38 millones 479 mil pesos extras de presupuesto federal.

Destaca el caso de Francisco Chíguil Figueroa, quien recientemente dejó su cargo como alcalde de Gustavo A. Madero para ser coordinador de Clara, en su administración se han detectado gastos anómalos, incluyendo un derroche de 33.4 millones de pesos en el mantenimiento de albercas, con un uso reducido de esta infraestructura pública.

LPO Rodrigo González.

Raymundo Martínez Vite, ex alcalde de Tláhuac, dejó inconclusa la reconstrucción del Mercado Zapotitlán en su mandato y enfrenta acusaciones de corrupción que buscan su inhabilitación para ocupar cargos públicos.

La alcaldesa de Milpa Alta, Judith Venegas, ha sido objeto de cuestionamientos debido a la posesión de una extensa lista de bienes inmuebles, algunos de los cuales se consideran "ocultos" y que tienen un valor que asciende a más de 31 millones 200 mil pesos.

Estas revelaciones han planteado dudas sobre la integridad y transparencia de los funcionarios, en un momento político en el que se demanda una gestión adecuada de los recursos públicos y una rendición de cuentas responsable.

Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la participación de funcionarios de la capital y de diferentes alcaldías de la CDMX con dinero público en la promoción de Brugada

Además de las presuntas irregularidades financieras que envuelven al Grupo Utopía, fuentes cercanas al equipo de Clara han dicho que estos miembros la candidatura de Brugada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México con el objetivo de mantener sus privilegios y evitar las acusaciones en su contra. La postulación de Brugada podría servir como un escudo que los proteja de las investigaciones en curso y garantice su continuidad en la esfera política.

En el caso de Francisco Chíguil Figueroa, se ha señalado que su interés en apoyar a Brugada se relaciona con la intención de dejar a su esposa, Beatriz Rojas, como su sucesora en la alcaldía de Gustavo A. Madero. Esta estrategia política podría ser un intento de mantener el control de la administración local y conservar la influencia del Grupo Utopía en la zona, además de garantizar su futuro político y sus intereses personales.

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Por su parte, Cesar Cravioto, el senador morenista que recientemente fue designado como vocero de campaña para Carla Brugada en su búsqueda hacia la elección de 2024, tampoco está exento de controversias. Se han planteado sospechas en torno a su posible implicación en el desvío de recursos destinados a la reconstrucción de viviendas afectadas por el sismo, lo que ha generado interrogantes sobre su integridad en la gestión de fondos públicos. Además, todo indica que busca quedarse con la alcaldía de Gustavo A. Madero, lo que aumenta las tenciones entre sus compañeros al interior del mismo Grupo Utopía.

Estas maniobras políticas aumentan la incertidumbre en un escenario en el que la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión pública son fundamentales para la confianza de la ciudadanía en sus líderes políticos y para el correcto funcionamiento de la democracia. Es importante destacar que la administración de Carla Brugada en Iztapalapa ha sido objeto de tres auditorías independientes por parte de la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México y la Auditoría Superior de la Ciudad de México. Estas auditorías han revelado una serie de incongruencias y malas prácticas en la gestión de recursos públicos desde el 2019, lo que plantea interrogantes adicionales sobre la transparencia y eficiencia de dicha administración.