Un grupo de activistas, rescatistas y organizaciones de bienestar animal presentó una carta formal a Clara Brugada, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitando que se apliquen las medidas judiciales derivadas del dictamen de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX respecto a las condiciones de vida de los animales confinados en el Refugio Franciscano. El documento, respaldado por cientos de firmantes, denuncia maltrato y crueldad animal bajo la modalidad de omisión y negligencia grave. 

El dictamen pericial con folio SIAP/VET/00836/2025/112 reveló condiciones críticas: el 80% de la población animal padece problemas de piel y respiratorios graves, desnutrición severa, infecciones avanzadas, parasitosis y tumores sin atención. Los animales vivían en hacinamiento, con alimentación a base de pan remojado en agua, pisos cubiertos de heces y presencia de roedores vivos y muertos, situación que los firmantes califican como violatoria de las cinco libertades del bienestar animal. 

Desde el 11 de diciembre de 2025, la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama intervino de emergencia: censó y evaluó médicamente a 759 perros y 39 gatos, inició cerca de 300 tratamientos veterinarios, desparasitó al 100% de la población y distribuyó 500 kilogramos diarios de alimento de alta calidad nutricional. La fundación también acondicionó las instalaciones para evitar que los animales descansaran en suelos contaminados. 

Los firmantes expresan preocupación porque una resolución judicial pretende devolver a los animales a las mismas personas responsables del daño documentado. Actualmente, cerca del 50% de los animales son adoptables y tienen destinos seguros confirmados, pendientes únicamente de la autorización de las autoridades capitalinas. La carta argumenta que devolverlos contradiría el recién modificado Artículo 4° constitucional que prohíbe el maltrato animal. 

Entre los firmantes destacan figuras como Rebeca de Alba, la magistrada Lety Varela, veterinarios, influencers, fundaciones como FEVA, Cangeles e Invictus AC, así como cientos de ciudadanos comprometidos con el bienestar animal y las campañas de esterilización. El documento solicita que se proceda conforme al dictamen de la FGJ como un acto de verdadera justicia que marcaría un hito en la protección animal en México.