Las disputas entre el oficialismo y la oposición por los casos de despojo que saltaron a la luz en distintas alcaldías continúan. Este lunes, la dirigencia local del PAN, comandada por su presidenta, Luisa Gutiérrez Ureña, lanzó fuertes críticas contra la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y anunció una serie de propuestas que presentará en el Congreso local para avanzar en materia legislativa. Por su parte, Morena volvió a relacionar al partido albiazul con la causa del Cártel Inmobiliario y denunció que dichas iniciativas fueron copiadas al oficialismo.

En conferencia de prensa, el diputado federal y vocero del PAN de la CDMX, Federico Döring, denunció que detrás de los casos de despojo existen "redes criminales" que funcionan como "grupos del crimen organizado" vinculados a distintas figuras de la 4T, como la diputada federal Dolores Padierna y el entonces fundador del PRD, René Bejarano. "Antes invadían suelo de conservación y exigían servicios públicos y escrituras; ahora se dieron cuenta que es mejor y más barato invadir y despojar casas", lanzó.

La CDMX adjudica a un "conflicto" entre grupos criminales los crímenes en el centro 

En este marco, los diputados locales Mario Sánchez y Diego Garrido presentaron una serie de propuestas entre las que se encuentran, por ejemplo, reformar el Código Civil y el Código Fiscal para evitar trámites ilegales que busquen modificar la posesión de las propiedades. Además, impulsarán una "alerta inmobiliaria" a través de la cual las personas propietarias recibirán notificaciones sobre posibles cambios sospechosos relacionados a sus escrituras y se buscará un "blindaje registral" para que no haya cambios notariales mientras se lleven a cabo las pesquisas.

En cuanto a las sanciones, el PAN apostará por crear una Fiscalía especializada que pueda seguir los casos de manera puntual y particular al tener en cuenta, por ejemplo, que desde que asumió Morena la Jefatura de Gobierno se abrieron 25 mil carpetas de investigación por este delito, lo que corresponde, según los diputados locales, a 19 colonias enteras de la capital. Esto estaría acompañado, a su vez, por una aceleración de las acciones judiciales, una visión estructural contra las redes criminales que operan detrás de estos casos y un agravante para aquellas personas que sean funcionarias públicas y participen de estas estafas.

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Durante su conferencia de prensa, el PAN apuntó contra el director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Héctor Muñoz Ibarra, a quien calificaron como "uno de los candados más delicados de toda la ruta" criminal y quien ocupó el mismo puesto durante el gobierno capitalino de Andrés Manuel López Obrador. Además, lo vincularon como posible familiar de José Muñoz, el jefe de asesores de Clara Brugada que fue asesinado en Calzada de Tlalpan el año pasado. Según las acusaciones, por su oficina pasan las escrituras y modificaciones legales que le brindan un carácter presuntamente legal a las ocupaciones ilegales.

Por su parte, la dirigencia capitalina de Morena volvió a cruzar al PAN y lo vinculó con la causa judicial conocida como Cártel Inmobiliario, que investiga presuntas irregularidades en la alcaldía Benito Juárez. El vocero del grupo parlamentario guinda, Paulo García, denunció que las propuestas hechas por el partido azul y blanco "reproducen casi punto por punto las acciones anunciadas por Clara Brugada". "El PAN no propone, copia lo que el Gobierno ya construyó", completó el diputado electo por Coyoacán.