En medio de las denuncias por los pinchazos contra personas usuarias del transporte público de la CDMX, este jueves el Congreso local aprobó dos iniciativas -una del oficialismo y otra de la oposición- para tipificar esta práctica como un nuevo delito que podría tener hasta siete años y medios de prisión.

Este jueves, en la última sesión ordinaria del período, el Congreso local avaló con 60 votos a favor y apenas tres en contra las iniciativas impulsadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y la coordinadora del grupo parlamentario del PRI, Tania Larios. De esta manera, el Poder Judicial podrá imponer penas "de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa, a quien, sin el consentimiento de una persona, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia, de manera subrepticia o mediante engaño".

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Asimismo, la pena se podría incrementar en una mitad cuando la sustancia administrada sea "psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica" o en los casos en donde se ponga en riesgo la vida de la víctima o que la misma sea una persona menor de edad, tenga alguna discapacidad o sea una persona adulta mayor. Otro de los gravámenes que existirán serán que el delito sea cometido en un transporte público, que el pinchazo tenga como fin la comisión de otro delito o que actúen dos o más personas en el delito.

El presidente de la comisión de Administración y Procuración de Justicia, Alberto Martínez Urincho, destacó la actualización del Código Penal porque el actual régimen "no contempla de manera específica la modalidad de agresión que implica la administración subrepticia de sustancias mediante pinchazos", lo que limita el accionar de la justicia. "La Ciudad de México está legislando a tiempo. Estamos dando el paso que muchos otros apenas discuten", destacó su compañera de bancada Elizabeth Mateos.

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Por su parte, el PAN acompañó la iniciativa y destacó que el Congreso logró trabajar en conjunto a pesar de que en un primer momento el oficialismo aseguró que las denuncias por los pinchazos era una "campaña negra" de la oposición. "Todavía queda mucho por atender, esto es un ejemplo de cómo si se pueden atender problemas que atañen y ataquen a la ciudadanía", manifestó la legisladora Frida Guillén.