El gobierno de la CDMX, que encabeza Clara Brugada, y la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, continúan con los cruces por las responsabilidades administrativas y legales del derrumbe que provocó la muerte de tres personas sobre la Calzada de Tlalpan. Este martes, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, y la edil protagonizaron diferentes conferencias de prensas para sumar un capítulo a una disputa que promete profundizarse.

En un primer momento, Rojo de la Vega exhibió nuevos documentos a través de los cuales mostró que su gobierno solicitó que las autoridades centrales verifiquen seis de los 17 inmuebles que están en proceso de demolición en la demarcación bajo el esquema de "acuerdo de facilidades", es decir, la misma situación que el edificio que colapsó en la colonia Tránsito la semana pasada y que provocó la muerte de tres personas. "Solo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras", declaró la alcaldesa.

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Como detalló LPO, el derrumbe del edificio ubicado en San Antonio Abad 124 revivió la polémica y la polarización entre el gobierno que encabeza Clara Brugada y la alcaldía Cuauhtémoc. El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, declaró que son las demarcaciones las que tienen la "responsabilidad de supervisar que las demoliciones se realicen con los procedimientos y protecciones adecuados para prevenir daños a terceros". Por su parte, Rojo de la Vega sostuvo que en este caso los trabajos recaían sobre dicha dependencia por tratarse de un inmueble dañado por el sismo de 2017 y que había sido estudiado, a partir de 2018, por la Comisión para la Reconstrucción de la CDMX.

Durante toda la semana pasada ambas administraciones cruzaron acusaciones y denuncias mutuas para determinar cuál de las dos es responsable por las tres muertes que dejó el derrumbe en la colonia Tránsito. Este martes, sumaron un nuevo capítulo. En conferencia de prensa, Rojo de la Vega reiteró que dichos permisos fueron brindados por el Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Según explicó, esto se debía al "acuerdo de facilidades" que los propietarios habían alcanzado con la Secretaría de Vivienda a través de un acuerdo con la Comisión para la Reconstrucción.

Este martes, el secretario de Vivienda, Inti Muñoz, respondió a las acusaciones hechas por la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega.

Cuartoscuro.

Según la alcaldesa, este "acuerdo de facilidades" que recibió la empresa propietaria del inmueble permite, entre otras cosas, "llevar a cabo demoliciones sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil". "Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad", agregó y detalló que su administración negó los pedidos de demolición por no contar con las medidas de seguridad necesarias, pero que luego la misma fue aprobada por la Secretaría de Vivienda.

Luego de esto, el encargado de dicha dependencia, Inti Muñoz, apuntó contra la alcaldesa al asegurar que "la ley no está hecha para interpretarse a modo, sino para cumplirse". "La vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones corresponden a las alcaldías con o sin acuerdo de facilidades", agregó y detalló que dichos acuerdos "no otorgan licencias" sino que funcionan como un mecanismo que agiliza las obras relacionadas con la reconstrucción luego del 2017. "Esas facilidades son la exención de algunos pagos de derecho y de algunos trámites secundarios", ahondó.

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"La vigilancia y verificación de demoliciones y construcciones corresponden a las alcaldías con o sin acuerdo de facilidades", profundizó Inti Muñoz y citó, como ejemplo, que el pasado 9 de diciembre la alcaldía supervisó una obra de este tipo en el número 11 de la Avenida México, en la colonia Condesa Hipódromo. "El Gobierno de la CDMX ha actuado con estricto apego a derecho, cumpliendo con todos los procedimientos legales y administrativos a los que está obligado", completó.

Con este cruce de declaraciones, ambos gobiernos protagonizaron, este martes, un nuevo capítulo de la tensa relación que existe entre el gobierno que encabeza Clara Brugada y la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega. Asimismo, no pareciera que esto vaya a terminar pronto al tener en cuenta, por ejemplo, que se aproximan las elecciones de 2027, donde la edil buscará su reelección y las de 2030, donde la opositora podría saltar a competir por la propia Jefatura de Gobierno.