Con un año de demora y a pocos días de que inicie el Mundial de Fútbol, este jueves la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció el inicio del registro digital obligatorio para plataformas y anfitriones de alojamiento temporal en la capital nacional. La medida, postergada en distintas oportunidades, buscar regular el mercado inmobiliario, evitar abusos en el aumento de alquileres y promover un "turismo responsable con el entorno urbano que no sea sinónimo de desplazamiento ni exclusión".
Como relató LPO, el padrón obligatorio de alojamientos a través de plataformas virtuales es una medida adoptada durante la administración interina del exjefe de Gobierno Martí Batres. Sin embargo, la misma fue postergada en distintas ocasiones tanto por presiones del sector privado -tanto local como internacional- como por las diferencias internas que existían en el gabinete capitalino. Ante esto, por ejemplo, el PAN denunció la demora de su publicación y exigió la adopción de medidas para evitar la gentrificación y garantizar, al mismo tiempo, la inversión privada.
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Finalmente, este jueves Brugada anunció la puesta en marcha del padrón en el cual los alojamientos que se ofrezcan por plataformas virtuales deberán registrarse, en un plazo de 30 días, para recibir un permiso de operación. De esta manera, se apuesta a generar tres objetivos principales: garantizar seguridad jurídica para las personas anfitrionas, proteger los derechos de las personas huéspedes y preservar los barrios y comunidades frente a prácticas abusivas o especulativas.
Con esta medida se busca regular el mercado inmobiliario a través de estas plataformas que en distintos puntos del mundo han disparado los precios de las rentas en sus zonas de operación. Con este registro, el gobierno capitalino tendrá información detallada sobre la cantidad de inmuebles que hay en el mercado bajo estas prácticas, la cantidad de noches que operarán y obligará a todas aquellas personas que operen más de tres propiedades a registrarse como un establecimiento mercantil. "Es un paso fundamental hacia un nuevo modelo de regulación de actividades temporales", manifestó la exalcaldesa.
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Asimismo, la medida de este jueves se enmarca en un proyecto más global que promueve la jefa de Gobierno de combate contra la gentrificación. Según aseguró, se busca "promover un turismo responsable con el entorno urbano, que contribuya a la prosperidad compartida y al arraigo comunitario" y que "no sea sinónimo de desplazamiento ni de exclusión". A raíz de esto, se espera que también se avance con la reforma constitucional para garantizar el derecho a la vivienda y aprobar la ley de rentas justas.
De todas maneras, mientras la jefa de Gobierno anunciaba estas medidas el dirigente del Partido Verde,
Jesús Sesma, confirmó que su fuerza política votará en contra de dicha reforma constitucional y la ley de rentas justas. Según explicó en conferencia de prensa, este tipo de acciones no generó resultados positivos en otras ciudades del mundo donde ya se aplicaron y genera "incertidumbre jurídica" para la inversión privada. Si Morena no llega a un acuerdo con su aliado, dichas iniciativas naufragarán en el Palacio de Donceles porque la 4T no tendría los votos para aprobarlas.
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