Como adelantó LPO, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, promulgó este martes la prohibición de las corridas de toros con violencia, tal como lo aprobó el Congreso por amplia mayoría la semana pasada. "Nada justifica la muerte de animales", sostuvo la exalcaldesa, quien anticipó que su administración está "preparada" para enfrentar los amparos que impulsarán diversos sectores vinculados a la producción taurina.

De esta manera, confirmó la jefa de Gobierno, la capital nacional permitirá las corridas de toros, pero sin violencia, es decir, se prohibirá lastimar y/o asesinar a los toros. Es por esto que, por ejemplo, queda prohibido el uso de elementos punzocortantes durante las novilladas ya que los animales deberán volver a la ganadería una vez que la jornada finalice. Además, se protegerán los cuernos del animal para evitar lesiones sobre el torero u otros animales.

El Congreso de la CDMX prohibió las corridas de toros con violencia

"Se permite la continuidad de una actividad económica que genera empleo y permite la evolución del espectáculo", destacó la jefa de Gobierno, quien resaltó que, con esta reglamentación, las leyes de la Ciudad de México quedan homologadas junto a la Constitución local y federal. "Si esta fiesta brava implica causar sufrimiento a los toros para la diversión o la recreación del público no está justificado porque solo se causa dolor por diversión y placer. Las cosas han venido cambiando", manifestó Brugada.

Al igual que lo hizo al anunciar su propuesta para prohibir las corridas de toros con violencia, como lo aprobó el Palacio de Donceles, Brugada rechazó el concepto "cultural" de esta actividad que esgrimen las organizaciones taurinas al asegurar que "nadie pierde su identidad al reconocer la dignidad de los animales y sus derechos a vivir sin ser tratados de manera cruel". "Esta ley no va en contra de la cultura, sino a favor de su evolución", agregó.

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A raíz de esto, la jefa de Gobierno adelantó que su administración está preparada y lista para enfrentar los posibles amparos y recursos judiciales que dicha industria podría presentar para evitar la implementación de la ley o para postergar su puesta en marcha. "No tenemos ninguna intención de detener, boicotear o postergar en hacer realidad lo que aprobó el Congreso. Fuimos consecuentes con hacer una propuesta que mediaba el tema", completó.