Antes de las elecciones del año que viene, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, prepara una ambiciosa agenda legislativa para el último semestre del año. Sin embargo, las iniciativas impulsadas por su administración chocarán con una serie de desafíos políticos tanto internos por las diferencias que existen al interior de la 4T como con la oposición, que buscará comenzar a dar la batalla electoral antes del 2027.

Uno de los proyectos más importantes que se deberán tratar a partir de septiembre -cuando inicie un nuevo período ordinario de sesiones- será la reforma constitucional vinculada a la vivienda. La misma es una de las más esperada por los sectores que demandan acciones contra la gentrificación y para garantizar el acceso a la vivienda, pero el Partido Verde ya anunció que votará en contra por considerar que no resuelve el problema y que, además, atenta contra la inversión privada. Con este escenario, la propuesta no se podría aprobar porque sin el apoyo del tucán no se alcanzarían los dos tercios de los votos para modificar la carta magna.

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Además, según fuentes del Partido Verde consultadas por esta redacción, no hay comunicación entre el grupo parlamentario y el gobierno de Clara Brugada para lograr modificaciones o llegar a un acuerdo que permita aprobar la iniciativa. El líder del tucán, Jesús Sesma, pedirá licencia en septiembre para comenzar a diseñar y preparar la estrategia electoral de su partido para el 2027, pero en Donceles su bancada ya recibió la orden de no bajar las resistencias a este proyecto, por lo que su salida tampoco destrabaría un difícil escollo interno de la 4T.

Por otro lado, la jefa de Gobierno buscará aprobar al Plan General de Desarrollo (PGD), una normatividad ausente desde hace varios años en la capital que debe marcar las normas para el crecimiento de la capital para los próximos 20 años. El mismo se formó a partir de una importante campaña de consulta ciudadana con foros y asambleas en distintas colonias y barrios de toda la capital. Sin embargo, despertó la oposición de sectores sociales como los Copacos y organizaciones políticas que denuncian que el mismo pone en riesgo una serie de derechos ya conquistados. De todas maneras, el oficialismo cerró el período de consultas y se prepara para su tratamiento.

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Sin embargo, su paso por el Palacio de Donceles no será fácil. El grupo parlamentario del PAN presentó una serie de denuncias por la forma en que el mismo se contempló y amenaza con trabar su tratamiento. La presidenta de la comisión de Planeación, donde iniciará su paso legislativo la norma, está a cargo de la panista Olivia Garza, lo que podría entorpecer los planes de la 4T. Además, el PRI y Movimiento Ciudadano también manifestaron su oposición. A raíz de esto, el oficialismo postergó su tratamiento para después del Mundial de Fútbol, pero su futuro sigue siendo incierto.

Además, en el escenario aparece el presupuesto del 2027, un proyecto que siempre eleva las tensiones entre el oficialismo y la oposición porque marca los lineamientos y define las prioridades de la administración de turno para el siguiente año. Como si fuera poco, el 2027 será un año electoral, lo que podría profundizar las discusiones por las denuncias de "campañas de estado" que denuncia reiteradamente la oposición. En este contexto, las principales figuras de Donceles saben que los meses previos a los comicios siempre son más complejos porque ya se empiezan a jugar las elecciones. Esto espera que se ocurra a partir del segundo semestre como previa de lo que pasará el próximo año en la capital nacional.