En el medio de los debates por las denuncias contra los despojos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, anticipó que en los próximos meses el oficialismo buscará avanzar con la reforma constitucional relacionada con la vivienda y la ley de rentas, dos iniciativas anunciadas en abril. Sin embargo, el grupo parlamentario del Partido Verde, liderado por Jesús Sesma, mantiene su rechazo y, por ahora, el futuro de las propuestas es incierto.

Luego de meses de negociaciones y debates internos, en abril la jefa de Gobierno anunció una estrategia legislativa para combatir la gentrificación y garantizar el acceso a la vivienda. La primera de ellas es una reforma constitucional, que buscará, entre otras cosas, establecer un tope de aumento de las rentas atado a la inflación y crear la defensa inquilinaria. La segunda, una ley que toma los principales puntos del Bando 1, otra medida anunciada en julio del año pasado. Por ahora, ninguna de las dos se aprobó en el Congreso.

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El problema, reconocen fuentes legislativas del oficialismo, es que así podría seguir porque el Partido Verde mantiene su rechazo a la reforma constitucional. El líder del tucán, Jesús Sesma, denunció en mayo que la misma "no tiene fundamento" y que no genera "certeza jurídica". En el Palacio de Donceles los distintos bloques saben que sin los votos de la fuerza ecologista la iniciativa no se podría aprobar porque su apoyo es fundamental para llegar a las dos terceras partes del pleno que se necesitan para hacerla válida.

El problema para Brugada comenzó hace unos meses, pero todavía persiste porque desde entonces, según reconocen fuentes ecologistas, el gobierno central no estableció ni conversaciones ni negociaciones con el Partido Verde para lograr su acompañamiento. "Con nosotros nadie habló", repiten en el grupo parlamentario, donde adelantan que, de esta manera, votarán en contra del proyecto y el mismo morirá antes de nacer. De esta manera, la jefa de Gobierno no lograría alcanzar uno de sus principales objetivos y una de las demandas más fuertes de los sectores juveniles de la capital.

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Según fuentes legislativas, la reforma constitucional se podría tratar a partir de septiembre, una vez que se retomen las sesiones ordinarias. Sin embargo, los votos, por ahora, no están. En el Partido Verde colocan como ejemplo el proceso que recibió la Ley del Sistema de Cuidados, que se aprobó por unanimidad luego de un extenso debate entre los distintos bloques, la sociedad civil y el sector privado. El problema, aseguran en el tucán, es que esas conversaciones ahora no existen.

En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno adelantó que en los próximos meses el oficialismo buscará aprobar las dos iniciativas para garantizar el derecho a la vivienda y combatir a las redes criminales que existen detrás de los despojos. "Van a ser temas fundamentales y muy buenos que van a marcar una diferencia en la ciudad", declaró. Sin embargo, a la espera de que el Palacio de Donceles inicie su tratamiento legislativo los votos no están garantizados, un hecho que puede tumbar la iniciativa y generar nuevos problemas en el interior de la 4T.