Como adelantó LPO y a pocos de una nueva movilización, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, anunció este miércoles una batería de nuevas medidas y convocó a construir un "frente social" para combatir los efectos que genera la gentrificación en la capital nacional. "Es momento de actuar. Necesitamos una gran participación que nos ayude a hacer frente a estas dinámicas de desplazamiento", manifestó.

"La lucha contra la gentrificación no la podemos hacer solo el gobierno, ni las alcaldías ni los vecinos", reconoció la exalcaldesa de Iztapalapa, quien este miércoles estuvo acompañada por su gabinete y diversas figuras de la política capitalina, lo que evidenció la magnitud que tomó la vivienda en su administración. Es por esto que la jefa de Gobierno llamó a construir un "gran frente social" entre diversos actores sociales para que las rentas no aumenten indebidamente, garantizar la defensa de los arrendatarios y construir "barrios vivos y participativos".

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A raíz de esto, Brugada presentó el Bando 1 que englobará una serie de medidas que buscarán atender la problemática. Una de ellas, por ejemplo, será iniciar un proceso de discusión y debate entre los diversos actores involucrados para atender las diversas demandas relacionadas. "La ciudad no debe ser un privilegio de unos cuantos. Debe ser un derecho garantizado para todos y todas", declaró y reconoció que el 60% de la ciudadanía capitalina vive en condiciones de hacinamiento.

En el evento que lideró este miércoles, la jefa de Gobierno adelantó que su administración decidió "enfrentar la gentrificación con políticas públicas centradas en la justicia habitacional" al combatir "las estructuras de desigualdad, la segregación socioespacial, las políticas de vivienda que suelen ser insuficientes y los intereses particulares". "Debemos enfrentar a los especuladores, proteger a los que habitan y colocar a las comunidades en el centro", agregó.

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Entre las medidas anuncias se encuentran, por ejemplo, mayores controles a las disposiciones legales que ya existen y que implican, entre otras cosas, límites a las plataformas de alquiler y que las rentas no puedan aumentar por encima de la inflación. Además, creará una defensoría de derechos de los inquilinos para generar nuevos mecanismos de mediación y defensa contra "prácticas abusivas y desalojos ilegales", un "índice de precios de alquiler razonable para estabilizar las rentas" y una nueva ley que permita establecer alquileres "justos, razonables y asequibles".

Al mismo tiempo prometió priorizar la construcción de vivienda pública, ampliar el programa de renta de vivienda social, combatir la "especulación inmobiliaria", estimular a los comercios locales para fortalecer la economía barrial y crear el "observatorio de suelo y vivienda". Por último, convocó a crear un "gran frente social que construya alianzas "en defensa de la comunidad en favor de que las rentas no aumenten indebidamente, en garantizar la defensa de arrendatarios, en construir varios vivos y participativos".