Los mismos de siempre volvieron a salir a gritar que México está encaminado a la censura. Lo dijeron desde sus noticieros, estaciones de radio, periódicos, columnas, canales de televisión y redes sociales. Es decir, han ocupado todos los espacios disponibles para repetir, sin que nadie los interrumpa, que supuestamente ya no los dejan hablar. Vaya dictadura tan extraña: los censurados tienen micrófonos, cámaras, portadas y horas enteras de transmisión para denunciar que han sido silenciados.

Pero la contradicción no es accidental. Forma parte de una estrategia política que el viejo régimen conoce perfectamente al igual que los medios tradicionales y sus plumas a sueldo: exagerar, desinformar y sembrar miedo para evitar cualquier discusión sobre la responsabilidad de los medios frente a sus audiencias. Porque, en realidad, lo que defienden no es la libertad de expresión, sino la libertad de mentir sin consecuencias.

En realidad, lo que defienden no es la libertad de expresión, sino la libertad de mentir sin consecuencias.

Todo esto comenzó con la propuesta de nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias y es que antes de explicar su contenido, los voceros del PRIAN y sus comentaristas de cabecera activaron su palabra favorita: censura. No importa que nadie proponga cerrar medios, prohibir opiniones o castigar críticas al Gobierno. Tampoco importa que se busque diferenciar las noticias de las opiniones, transparentar la publicidad y garantizar el derecho de réplica. Para ellos, cualquier límite al engaño es persecución y cualquier intento por proteger a las audiencias se convierte, mágicamente, en un ataque contra la democracia.

La razón es muy sencilla: durante décadas, los grandes medios se acostumbraron a decidir qué era verdad, qué debía ocultarse y qué intereses políticos tenían que protegerse. No solamente informaban sobre el poder; también formaban parte de él. Por eso resulta ridículo que ahora quieran presentarse como guardianes de la verdad.

Hablamos del mismo aparato mediático que convirtió al chupacabras en un asunto nacional; del que transmitió un montaje policial como el caso Florence Cassez; y del que transformó la desaparición de Paulette en un espectáculo televisivo. También están quienes difundieron imágenes de una guerra en Asia Occidental como si fueran enfrentamientos ocurridos en Sinaloa. Después dijeron que había sido un error. Claro, siempre es un error cuando los descubren.

Lo curioso es que sus equivocaciones casi nunca son neutrales. Suelen reforzar la misma narrativa: México está al borde del colapso y todo estaba mejor cuando gobernaban quienes les entregaban contratos, privilegios y acceso directo a Los Pinos. Un periodista puede equivocarse, reconocerlo y corregir. Pero cuando imágenes falsas, datos manipulados y noticias descontextualizadas apuntan una y otra vez hacia el mismo objetivo político, ya no hablamos de descuidos. Hablamos de una estrategia.

La libertad de expresión protege el derecho a investigar, cuestionar y criticar al Gobierno. Pero no puede convertirse en una licencia para fabricar montajes o presentar opiniones partidistas como si fueran información objetiva. Mucho menos cuando quienes hoy se presentan como víctimas permanecieron convenientemente callados durante una etapa dura para el país como lo fue en el calderonismo. En medio de la fallida guerra contra el narcotráfico, cientos de medios aceptaron el famoso "pacto de silencio". Entonces no hablaron de censura ni de autoritarismo. En aquel momento lo llamaron responsabilidad. Qué casualidad.

Cuando los acuerdos favorecían al viejo régimen, eran prudencia periodística. Cuando se propone proteger a las audiencias y combatir la desinformación, aseguran que vivimos bajo una dictadura. La diferencia nunca fue la libertad. La diferencia es quién gobierna.

Por supuesto, ninguna regulación debe permitir abusos de autoridad. Pero tampoco puede aceptarse que el miedo a la censura sea utilizado como pretexto para que los grandes consorcios engañen impunemente a millones de personas. La democracia no consiste solamente en garantizar que los medios puedan expresarse; también implica proteger el derecho del pueblo a recibir información verídica, plural y diferenciada de la propaganda.

La libertad de expresión protege el derecho a investigar, cuestionar y criticar al Gobierno. Pero no puede convertirse en una licencia para fabricar montajes o presentar opiniones partidistas como si fueran información objetiva

El verdadero debate no es sobre la libertad de expresión, sino sobre quién tiene derecho a controlar la información: unos cuantos dueños de medios o el pueblo de México.

En el fondo, los medios del viejo régimen no temen ser silenciados. Temen dejar de ser intocables. No están perdiendo la libertad de hablar; están perdiendo el monopolio para decidir qué debe pensar México.

Nadie pretende quitarles el micrófono.

Lo único que no soportan es que, después de utilizarlo, también tengan que responder ante el pueblo.