Recientemente, Michael Gonzales, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos, reconoció los avances en materia de seguridad alcanzados por el Gobierno de la Cuarta Transformación, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, acompañó su reconocimiento con una expresión cargada de una habitual prepotencia: "se debe hacer más".  

Lo que genera indignación no es únicamente el comentario, sino la comodidad con la que nuestro vecino del norte vuelve a ignorar el problema de fondo del narcotráfico. Porque, si verdaderamente se pretende combatir un fenómeno que afecta a ambas naciones, Estados Unidos también tendría que cumplir con tres tareas fundamentales que, hasta ahora, no ha logrado resolver.  

La primera consiste en disminuir su descomunal demanda de drogas mediante campañas efectivas de prevención y atención dirigidas particularmente a sus jóvenes. Estados Unidos es uno de los mercados de drogas ilícitas más grandes y lucrativos del mundo y se encuentra entre los países con mayor consumo de cocaína, opioides y cannabis. Además, encabeza la crisis de mortalidad asociada al fentanilo. Y es que en los últimos años siempre se ha sostenido que mientras exista una demanda de semejante magnitud, habrá organizaciones criminales dispuestas a satisfacerla.  

La segunda tarea es detener el flujo de recursos de los cárteles hacia el sistema financiero estadounidense. Esto, lo dejo claro, no se trata de una acusación sin fundamento, sino de una realidad respaldada por expedientes judiciales. Uno de los casos más graves fue el de José Irizarry, agente de la DEA que durante aproximadamente siete años desvió más de nueve millones de dólares provenientes de operaciones encubiertas contra el narcotráfico. Irizarry aprovechó investigaciones supuestamente destinadas a rastrear y decomisar dinero criminal para transferir los recursos a cuentas controladas por él y sus cómplices.  

A este caso se suma el de HSBC, institución que admitió que permitió el lavado de al menos 881 millones de dólares procedentes del Cártel de Sinaloa, del Cártel del Norte del Valle y de otros narcotraficantes. Por lo tanto, el narcotráfico no solamente se sostiene mediante quienes producen y transportan las drogas: también necesita instituciones financieras capaces de convertir el dinero ensangrentado en capital "legítimo".  

El tercer punto es el más grave, porque ha contribuido a convertir amplias regiones de México en territorios marcados por una violencia desmedida: el tráfico ilegal de armas con las que se abastecen los cárteles mexicanos. El propio secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, informó que cerca del 78% de las armas decomisadas al crimen organizado y cuyo origen pudo identificarse provenía de Estados Unidos. Posteriormente, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ubicó esa proporción en aproximadamente 80%.

Mientras las organizaciones criminales mexicanas reciben armamento producido o comercializado al norte de la frontera, la industria mantiene un negocio millonario. Tan solo Smith & Wesson Brands, una de las empresas demandadas por el Gobierno mexicano, obtuvo una utilidad neta de 18.5 millones de dólares en su ejercicio fiscal. Esto no significa que esa ganancia proceda directamente del tráfico ilegal, pero sí revela la enorme dimensión económica de una industria cuyos productos terminan recurrentemente en manos del crimen organizado.    

 Tal parece que, para ciertos sectores de Estados Unidos, el derramamiento de sangre en México forma parte de un negocio perfecto 

Tal parece que, para ciertos sectores de Estados Unidos, el derramamiento de sangre en México forma parte de un negocio perfecto: producen y venden las armas, reciben las drogas y después absorben el dinero mediante su sistema financiero. Una realidad que puede resumirse en una frase tan dolorosa como precisa: Estados Unidos pone las armas y México pone los muertos.  

Estos tres puntos refuerzan una pregunta indispensable sobre la cooperación entre ambas naciones, ya que México ha entregado resultados inéditos. En menos de dos años, la estrategia de seguridad del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum logró reducir 48% los homicidios dolosos y 32% los delitos de alto impacto. Esto significa 41 homicidios menos cada día.  

Al mismo tiempo, se ha golpeado a las organizaciones criminales mediante casi 60 mil detenciones, el aseguramiento de 31 mil armas y cerca de 500 toneladas de drogas, así como el desmantelamiento de 2 mil 600 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, sin embargo, también hay que dejar las cosas claras, a pesar de estos resultados, nuestro país todavía enfrenta desafíos enormes, aunque la tendencia nacional haya cambiado de dirección y los resultados están a la vista.  

Por eso, frente a la exigencia de que México "debe hacer más", resulta legítimo responder con otra pregunta: ¿y ellos para cuándo?  

¿Cuándo se pondrá Estados Unidos a trabajar seriamente para reducir su consumo de drogas? ¿Cuándo dejará de ser su sistema financiero un destino seguro para el dinero del narcotráfico? ¿Cuándo las armas y la violencia dejarán de representar un negocio redondo? ¿Cuándo asumirá que la responsabilidad es compartida y que no pueden continuar señalando a México mientras evaden sus propias obligaciones?  

México ya está entregando resultados. Ahora corresponde preguntar cuándo Estados Unidos dejará de exigir desde la comodidad y comenzará a combatir, dentro de su propio territorio, las causas económicas y materiales que mantienen vivo al crimen organizado.