La revocación de la visa estadounidense a Andrés Manuel López Beltrán debería ser analizada más allá de la simpatía o antipatía que pueda generar su figura. No se trata de defender a AMLOB, sino de observar algo mucho más desafiante: la utilización de las visas estadounidenses como instrumento de presión política y diplomática. 

Y en eso, la presidenta Claudia Sheinbaum siempre tuvo razón. 

Estados Unidos puede decidir quién entra a su territorio. Es una facultad soberana de cualquier país, pero se convierte en problema cuando esa herramienta comienza a utilizarse contra figuras políticas extranjeras en momentos particularmente sensibles y sin que exista una explicación pública sobre acusaciones formales que justifiquen la medida.     

En el caso de López Beltrán, él mismo denunció que Washington le retiró la visa por razones políticas. La Casa Blanca hasta el momento no ha presentado públicamente una acusación penal en su contra y la Embajada estadounidense se limitó a recordar que las visas pueden ser canceladas cuando existen razones para hacerlo.  

El asunto adquiere todavía mayor relevancia porque López Beltrán se perfila para participar en las elecciones de 2027. Y México no puede darse el lujo de ignorar que Washington tiene intereses políticos, económicos y geopolíticos en nuestro país.

Lo ocurrido en Colombia debería servir como advertencia. A Gustavo Petro, expresidente de Colombia, Estados Unidos le retiró la visa en septiembre de 2025 después de que participara en una manifestación propalestina en Nueva York y criticara públicamente las políticas de Donald Trump. Posteriormente, Trump respaldó abiertamente a Abelardo de la Espriella, quien con acusaciones de fraude, finalmente llegó a la Presidencia colombiana.

 México no puede darse el lujo de ignorar que Washington tiene intereses políticos, económicos y geopolíticos en nuestro país. 

En momentos como estos, con tanta fragilidad democrática y de intervencionismo no podemos comportarnos como si Washington fuera un actor completamente ajeno a la política latinoamericana. Cuando una potencia utiliza su sistema migratorio, sanciones, presión diplomática y respaldo político a determinados candidatos, resulta legítimo preguntarse qué papel pretende desempeñar en los procesos electorales de la región y esa pregunta es especialmente relevante en México rumbo a 2027.

Morena continúa siendo la principal fuerza política del país y, por tanto, será inevitablemente uno de los protagonistas centrales de la próxima disputa electoral. Si Washington pretende influir en esa correlación de fuerzas, una de las herramientas más sencillas consiste precisamente en utilizar aquello que tiene bajo su control: visas, sanciones, investigaciones y acusaciones públicas.

Por eso la advertencia de Sheinbaum no debe ser tomada como una reacción partidista. Es una defensa de la soberanía mexicana.  

Hay, además, un elemento que debería preocupar todavía más: ¿quién dentro del entorno de Donald Trump está empujando una relación cada vez más confrontativa con México?  

Aunque no hay pruebas suficientes para afirmar que el propio Trump quiera dinamitar la relación con Sheinbaum resulta razonable y necesario preguntarse si existen personajes cercanos o grupos de poder alrededor del presidente estadounidense que estén interesados en convertir la relación bilateral en una disputa permanente.  

México debe cooperar con Estados Unidos, pero no subordinarse a Estados Unidos y nuevamente aparece una contradicción que resulta todavía más difícil de explicar.  

Mientras a López Beltrán se le retira la visa sin que públicamente exista una acusación penal formal en su contra, Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador panista de Tamaulipas, permanece en Estados Unidos mientras México mantiene pendiente una solicitud para su detención provisional con fines de extradición. La propia presidenta Sheinbaum ha señalado que Cabeza de Vaca vive en Estados Unidos, tiene doble nacionalidad y que México ha solicitado su extradición sin recibir respuesta.  

La hipocresía es brutal.