Hay momentos claves en la historia de los países en los que se requiere una enorme responsabilidad por parte de sus líderes, dirigentes y gobernantes. Esa responsabilidad parece haberle faltado al hoy gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien intentó regresar a gobernar pese a que todavía no se han esclarecido las acusaciones formuladas en su contra por fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York el pasado 29 de abril, ni la Fiscalía General de la República ha determinado si existe alguna responsabilidad de su parte.

¿Debería preocuparnos la acusación estadounidense? No necesariamente. Recordemos que la justicia de Estados Unidos suele ser selectiva y que, en muchas ocasiones, ha sido utilizada como un instrumento de presión política. Precisamente por ello resulta preocupante que, después de varios meses, las autoridades estadounidenses no hayan entregado pruebas contra Rocha Moya que permitan acelerar, mediante la cooperación institucional, la investigación de la FGR.

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Ahora bien, ¿Eso exime al gobernador con licencia de Sinaloa? No. El hecho de que Estados Unidos no haya entregado las pruebas correspondientes no significa que las autoridades mexicanas deban abandonar sus investigaciones ni que Rocha Moya quede automáticamente libre de cualquier cuestionamiento. Sin duda, es un elemento que pesa, y mucho más en el contexto político y de seguridad que atraviesa Sinaloa.

A ese escenario se suma otro hecho que parece importante precisar: el momento en el que ocurrió el intento de regreso. En política no siempre existen las casualidades, y Rocha Moya pretendió retomar el cargo apenas unas horas después de la detención de Fausto Corrales, señalado como testigo clave en el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén.

Esta coincidencia deja un mensaje tan importante como contundente: nada ni nadie puede estar por encima de la ley.

Si Morena y el Gobierno de México actuaran como lo hicieron durante décadas los gobiernos del PRIAN, este caso quedaría sepultado bajo el peso de la impunidad, los acuerdos políticos y la protección entre grupos de poder.

Es precisamente ahí donde debe demostrarse la mística de no ser iguales. Si Morena y el Gobierno de México actuaran como lo hicieron durante décadas los gobiernos del PRIAN, este caso quedaría sepultado bajo el peso de la impunidad, los acuerdos políticos y la protección entre grupos de poder. Sin embargo, hoy las investigaciones avanzan para esclarecer lo sucedido y, si existen responsables, deben ser procesados y sentenciados por la justicia mexicana.

Una cosa debe quedar clara: corresponde a México investigar, juzgar y sancionar los delitos cometidos en su territorio. No necesitamos una justicia extranjera que, en lugar de colaborar con pruebas y responsabilidad, parezca más interesada en dinamitar procesos políticos que en contribuir verdaderamente al esclarecimiento de los hechos.

Llegamos entonces a la pregunta del millón: ¿Afecta todo esto al movimiento? La respuesta corta es: NO.

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Morena y el Gobierno de México han actuado con claridad, precisión y responsabilidad frente a este caso. No han permitido que la defensa de una persona se coloque por encima de la defensa del proyecto ni que un interés particular se confunda con los intereses del movimiento. Mucho menos han permitido que alguna ambición individual pretenda imponerse sobre el bienestar del pueblo y la dignidad de la Nación.

El poder sin principios se vuelve arrogancia; el poder sin límites se convierte en abuso, y el poder que olvida al pueblo termina enfrentándose al juicio de la historia.

El pueblo no está para alimentar ambiciones personales: está para exigir que se defienda su dignidad, su futuro y su esperanza.

Por encima de cualquier nombre, de cualquier grupo y de cualquier interés particular están el pueblo, México y la Nación.