Recientemente se abrió una auténtica caja de Pandora. La captura -o presunto secuestro- de Ismael "El Mayo" Zambada, ocurrida el 25 de julio de 2024, volvió a colocarse en el centro de la conversación diplomática más delicada entre México y nuestro vecino del norte, Estados Unidos.

Los hechos y las declaraciones están ahí. Cuando aún era embajador en México, Ken Salazar aseguró de manera categórica que el gobierno de Estados Unidos y ninguna de sus agencias de seguridad habían participado en la operación mediante la cual el narcotraficante fue trasladado a territorio estadounidense. Sin embargo, esa versión comenzó a desmoronarse cuando salió a la luz que la avioneta utilizada para el traslado fue exhibida en el War Eagles Air Museum, ubicado en Santa Teresa, Nuevo México.

Se trata de un Beechcraft King Air 200 que, de acuerdo con la información disponible, fue donado por el FBI a ese museo. Ese hecho reavivó la polémica y abrió un nuevo frente diplomático, pues inevitablemente coloca bajo la lupa las declaraciones de Ken Salazar. Si el FBI terminó en posesión de la aeronave utilizada en la operación, resulta legítimo preguntarse cuál fue realmente el nivel de participación de las autoridades estadounidenses y por qué se ocultó esa información.

 El debate ya no gira únicamente en torno a la captura o el traslado de un narcotraficante. La verdadera discusión consiste en determinar si Estados Unidos intervino en territorio mexicano, si protegió al grupo de Los Chapitos 

El debate ya no gira únicamente en torno a la captura o el traslado de un narcotraficante. La verdadera discusión consiste en determinar si Estados Unidos intervino en territorio mexicano, si negoció con una facción del crimen organizado, si protegió al grupo de Los Chapitos y si esa operación contribuyó a desatar la ola de violencia que desde entonces golpea a Sinaloa.

La hipótesis adquiere aún mayor relevancia cuando se observa el contexto político. Cada vez que Sinaloa vive un episodio de violencia, sectores de la oposición mexicana insisten en instalar la narrativa de que el Gobierno de México perdió el control del país y de que la estrategia de seguridad fracasó. Lo que pocas veces se discute es quién movió realmente las piezas, quién tomó las decisiones detrás de la operación, quién pactó y quién terminó beneficiándose del caos.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido enfática al sostener que el Gobierno de México no establece acuerdos con la delincuencia organizada, no protege a grupos criminales y actúa dentro del marco de la ley. La pregunta incómoda, entonces, debe dirigirse hacia Washington: ¿pueden afirmar lo mismo las agencias estadounidenses?

Si el gobierno de Estados Unidos negoció con una facción del crimen organizado para entregar a otra, no estaríamos hablando de cooperación bilateral ni de un acto de justicia. Estaríamos frente a una intervención que, además, habría tenido consecuencias directas en la estabilidad de Sinaloa y en la seguridad nacional de México.

Por esa razón, el Gobierno de México exige información oficial. No filtraciones, no versiones contradictorias ni declaraciones diplomáticas destinadas a contener el escándalo. Lo que corresponde es una explicación clara y verificable. Si Ken Salazar aseguró que ninguna agencia estadounidense participó en la operación, pero hoy el FBI aparece vinculado con la aeronave utilizada, alguien no dijo la verdad.

 México no puede permitir que se realicen operaciones clandestinas en su territorio, que se negocie con grupos criminales.  

México no puede permitir que se realicen operaciones clandestinas en su territorio, que se negocie con grupos criminales, que se provoque una escalada de violencia y que, posteriormente, esa misma violencia sea utilizada como argumento político para desacreditar a un proyecto de nación.

La relación entre México y Estados Unidos debe sustentarse en el respeto mutuo, la cooperación y la confianza. Nunca en la subordinación. Nunca en operaciones encubiertas. Nunca en acciones que vulneren la soberanía nacional bajo el argumento de impartir justicia.

La soberanía no se negocia. Y si Estados Unidos intervino de alguna manera en los acontecimientos que desencadenaron la crisis en Sinaloa, México tiene derecho a conocer toda la verdad, exigir explicaciones y defender plenamente su soberanía.