La discusión sobre la reforma judicial en México comienza a entrar en una etapa mucho más importante que la confrontación política que acompañó su aprobación: la hora de los resultados.

A un año de la integración del nuevo Poder Judicial de la Federación, la pregunta relevante ya no debería ser quién ganó o perdió políticamente con la reforma, sino algo mucho más concreto: ¿tenemos una justicia más rápida, independiente, previsible y capaz de generar confianza?

Esa pregunta importa a todos los ciudadanos, pero tiene una dimensión particularmente sensible para quienes invierten, emprenden y generan empleos.

Los primeros resultados del Monitor Judicial de Data COPARMEX ponen sobre la mesa señales que merecen atención. De acuerdo con la encuesta realizada entre 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de la Confederación, 67.8% reporta un impacto negativo de la reforma en sus decisiones de inversión o expansión; 38.9% afirma que ahora actúa con mayor cautela para invertir y 28.8% señala que ya redujo o pospuso proyectos concretos.

Este último dato debería encender las alertas.

Porque cuando una empresa pospone una inversión, detrás de esa decisión pueden quedar una nueva planta, una ampliación, proveedores, empleos o proyectos que simplemente no ocurren.

Pero quizá el dato más revelador del estudio sea otro: 80.8% de las empresas encuestadas ya modificó o analiza modificar su estrategia de protección jurídica. Contratos, arbitrajes, seguros y estrategias de litigio comienzan a ajustarse ante la percepción de mayor incertidumbre.

Y ahí aparece un costo que pocas veces se incorpora a la discusión pública: el costo de la incertidumbre.

Cuando una empresa necesita gastar más para proteger jurídicamente aquello que antes consideraba suficientemente protegido por las instituciones, esos recursos dejan de estar disponibles para actividades productivas. La certeza jurídica, por tanto, no es una abstracción reservada a abogados y jueces. Es parte de la infraestructura económica de un país.

Por eso me parece particularmente relevante la conclusión del documento de COPARMEX: después de una transformación constitucional de esta magnitud, el debate ya no puede concentrarse exclusivamente en quiénes integran los tribunales o cómo fueron electos. La evaluación debe centrarse en si la justicia funciona mejor.

Y para ello necesitamos indicadores.

¿Cuánto tarda una sentencia? ¿Está disminuyendo el rezago? ¿Los criterios judiciales son previsibles? ¿Existe independencia en las resoluciones? ¿Los ciudadanos y las empresas pueden defender eficazmente sus derechos?

COPARMEX propone precisamente abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, utilizando indicadores que permitan medir tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de las personas juzgadoras, previsibilidad de criterios y eficacia en la protección de derechos.

Me parece que ahí está la parte más importante del planteamiento.

México necesitaba -y sigue necesitando- resolver problemas históricos de lentitud, corrupción, impunidad y dificultad para acceder a la justicia. El nuevo Poder Judicial recibió además problemas estructurales que no comenzaron con la reforma. El propio Órgano de Administración Judicial ha reconocido el rezago como uno de los desafíos del sistema y ha puesto en marcha acciones para combatirlo. (OAJ)

Por eso sería un error convertir esta discusión en una nueva batalla entre quienes apoyaron la reforma y quienes se opusieron a ella.

La reforma ya está vigente. Ahora hay que medirla.

Y medirla con algo mucho más exigente que discursos políticos: resultados.

La conclusión de COPARMEX es clara: menos rezago, resoluciones oportunas y mayor certeza jurídica deben convertirse en parámetros objetivos para evaluar esta nueva etapa del Poder Judicial.

Porque la confianza no se decreta. Se construye.

Y para un país que necesita inversión, crecimiento y empleos formales, existe una relación que no podemos perder de vista: sin certeza jurídica es más difícil generar confianza; sin confianza se frena la inversión; y sin inversión resulta mucho más difícil generar crecimiento y empleo.

Ese será, finalmente, el verdadero examen de la reforma judicial.

No quién la impulsó ni quién se opuso.

Sino si logró que en México la justicia funcione mejor.