Cinco funcionarios de la Estancia Municipal de Infractores (EMI) fueron separados temporalmente de sus cargos por la Sindicatura Procuradora de Tijuana, luego de que un detenido denunciara haber sido víctima de agresiones físicas dentro de las celdas municipales. La medida fue adoptada de manera preventiva mientras se desarrolla la investigación administrativa correspondiente.

De acuerdo con la síndica procuradora, Teresita Balderas Beltrán, los hechos se habrían registrado durante la madrugada del pasado 17 de junio. Explicó que, durante un recorrido por las celdas, un infractor manifestó haber sido agredido en varias ocasiones por servidores públicos, además de señalar que posteriormente fue trasladado a otro espacio, donde habrían continuado las agresiones verbales y se habría incitado a otros internos a atacarlo.

La investigación tomó mayor relevancia luego de que una valoración médica documentara lesiones que el detenido presuntamente sufrió durante su estancia en las instalaciones. Balderas Beltrán informó que el médico legista certificó una equimosis suborbitaria izquierda de color violáceo oscuro y edema en el tercio distal de ambos antebrazos.

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Uno de los elementos considerados dentro de la investigación es que el certificado médico de ingreso a la EMI reportaba que el hombre se encontraba sano y sin lesiones visibles. Por ello, la documentación médica posterior forma parte de los elementos que deberán ser analizados para determinar qué ocurrió durante el periodo en que permaneció bajo custodia municipal.

Ante estos hechos, la Sindicatura Procuradora determinó retirar temporalmente de sus funciones a cinco servidores públicos mientras continúa la integración del expediente. La medida busca salvaguardar la legalidad del procedimiento y evitar que los funcionarios señalados puedan interferir en la investigación o influir en los testimonios relacionados con el caso.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio los protocolos de vigilancia y protección de las personas bajo custodia municipal, particularmente en espacios donde los detenidos se encuentran bajo responsabilidad directa de las autoridades. La Sindicatura deberá determinar, conforme avance la investigación, las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse de las presuntas agresiones y si existen elementos para que el caso sea turnado a otras instancias.