La síndica procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Teresita de Jesús Balderas Beltrán, afirmó que el caso del policía municipal captado en video presuntamente recibiendo dinero de un ciudadano representa un parteaguas en la forma en que la Sindicatura atenderá este tipo de conductas. Reiteró que ningún acto de corrupción tiene justificación, sin importar las circunstancias.

El agente fue suspendido mientras se desarrollan las investigaciones administrativas y penales correspondientes e insistió en que la intención del Ayuntamiento es fortalecer los mecanismos de vigilancia y sanción para combatir cualquier acto irregular dentro de la corporación policial.

Durante una atención a medios, la funcionaria señaló que la dependencia ha dado seguimiento puntual al caso y recordó que la corrupción es un problema que también requiere corresponsabilidad social, al considerar que quienes ofrecen dinero a un servidor público contribuyen a mantener estas prácticas. "Nada justifica el actuar de un policía que recibe dinero de esa forma", enfatizó.

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Balderas también llamó a reflexionar sobre el impacto de los videos que se difunden en redes sociales. Si bien reconoció que exhibir este tipo de conductas ayuda a denunciarlas, advirtió que también existe el riesgo de enviar el mensaje equivocado, especialmente entre jóvenes, al hacer creer que la corrupción forma parte de la vida cotidiana en la ciudad.

Respecto al oficial involucrado, confirmó que contaba con cámara corporal al momento de los hechos y reveló que tenía 40 años de servicio dentro de la corporación, información que también forma parte de las investigaciones abiertas para esclarecer plenamente lo ocurrido.

El caso cobró relevancia luego de que se le diera difusión a un video en el que se observa a un elemento de la Policía Municipal presuntamente recibiendo efectivo de un ciudadano al interior de una patrulla. Tras hacerse públicas las imágenes, la Sindicatura abrió una investigación de oficio, suspendió al agente y dio vista a la Fiscalía General del Estado, que determinará si existen responsabilidades penales por los hechos.