En la mañanera de este jueves, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso del gobierno federal con la desaladora de Playas de Rosarito, integrándose como uno de los 16 proyectos estratégicos del Plan Nacional Hídrico.

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum destacó que este proyecto busca garantizar el suministro de agua en Tijuana y su zona metropolitana, respondiendo a una de las principales prioridades planteadas por la gobernadora de Baja California.

Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que el Plan Nacional Hídrico contará con una inversión total de 20 mil millones de pesos para 2025. Aunque no se especificaron los montos individuales de cada proyecto, se subrayó la relevancia de la desaladora de Rosarito para resolver los retos hídricos de la región, considerando su condición costera y la creciente demanda de agua.

La presidenta explicó que el proyecto, que inicialmente se contemplaba como una asociación público-privada, será ahora financiado con recursos públicos, eliminando la participación privada en la operación del agua. Este enfoque, afirmó Sheinbaum, refuerza el principio de que el agua no es una mercancía, sino un derecho de todos los mexicanos.

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No obstante, enfatizó que aún se deben realizar estudios sobre el impacto ambiental y los costos operativos, dado que la operación de desaladoras implica desafíos técnicos y económicos significativos.

Por su parte, la gobernadora de Baja California expresó su satisfacción con el anuncio. "Estoy muy contenta porque toda la costa de Baja California debemos sentirnos agradecidos por este proyecto, sobre todo porque será financiado con recursos públicos", declaró.

A su vez, resaltó la importancia del respaldo del gobierno federal, que permitió concretar la compra del terreno en una primera etapa donde se recibió el total respaldo del antes presidente Andrés Manuel López Obrador para ahora poder garantizar que las obras inicien el próximo año.

Además, la mandataria estatal indicó que se está analizando el modelo operativo de la planta, el cual se mantendrá en manos del Estado o de la federación, asegurando una gestión pública del recurso. "Estamos evitando que entre la participación privada en el uso del agua, para que deje de ser una mercancía para convertirse en lo que es, un derecho de todos los mexicanos", sentenció.