La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la investigación y el proceso penal contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, tengan un trasfondo político, como ha sostenido la dirigencia nacional del PAN, y aseguró que el caso está respaldado por una investigación sólida de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante su conferencia matutina de este lunes, la mandataria afirmó que la FGR cuenta con "muchísimas pruebas" para sustentar las acusaciones y precisó que el expediente no se limita a Ruffo Appel, sino que involucra a al menos ocho personas presuntamente relacionadas con una red dedicada al contrabando de combustibles, considerada un fraude contra el Estado mexicano.

"No, falso, absolutamente falso", respondió Sheinbaum al ser cuestionada sobre las acusaciones de persecución política. Añadió que las investigaciones forman parte del combate al llamado huachicol fiscal, una práctica que, afirmó, ha generado importantes afectaciones a las finanzas públicas y que es perseguida por las autoridades federales.

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Las declaraciones de la Presidenta se producen después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, calificara a Ruffo Appel como un "preso político del gobierno de la 4T", al sostener que no existen pruebas suficientes para mantener al exmandatario recluido en un penal de máxima seguridad y acusar al gobierno federal de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos.

El caso tomó un nuevo rumbo el pasado 23 de julio, cuando un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos. Mientras la oposición insiste en que el proceso tiene motivaciones políticas, el Gobierno Federal sostiene que se trata de una investigación sustentada en pruebas y enfocada en desarticular una red de contrabando de combustibles.

El pasado 23 de julio, un juez federal vinculó a proceso a Ernesto Ruffo Appel y a otras siete personas por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, contrabando y operaciones ilícitas en materia de hidrocarburos. Mientras la oposición mantiene sus cuestionamientos sobre el proceso, el Gobierno Federal sostiene que la investigación está sustentada en pruebas y forma parte de la estrategia para combatir las redes de huachicol fiscal en el país.