El diputado de Morena, Juan Manuel Molina García, presentó una iniciativa de reforma a la Constitución de Baja California con el objetivo de establecer límites a las remuneraciones, jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas del estado. La propuesta plantea que ningún funcionario perciba ingresos superiores a los autorizados para la persona titular del Poder Ejecutivo estatal.

La iniciativa también busca armonizar la legislación local con lo establecido en el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual fija criterios para las percepciones de los servidores públicos. De acuerdo con el legislador, la reforma responde al mandato del Congreso de la Unión para adecuar el marco constitucional estatal en un plazo de 90 días.

Molina García explicó que la propuesta atiende principios de disciplina presupuestal, transparencia y justicia social, al considerar que las remuneraciones del servicio público deben ser congruentes con la realidad económica de la entidad y con las condiciones de la Hacienda Pública estatal.

Gobernadora Marina del Pilar entrega de becas JOBEC en apoyo a las juventudes

"El planteamiento es apremiante desde la perspectiva de la disciplina presupuestal y la justicia social. Tolerar prestaciones que superen los límites constitucionales federales representa un dispendio injustificado, contrario al principio de justicia distributiva que debe orientar el ejercicio del gasto público", señaló el legislador morenista.

Entre los aspectos centrales de la reforma destaca la obligación de que los tabuladores salariales sean públicos y detallen todos los componentes de las remuneraciones, tanto fijos como variables, en efectivo o en especie. Además, establece que ningún servidor público podrá recibir ingresos iguales o superiores a los de su superior jerárquico, salvo en casos técnicos o contractuales debidamente justificados.

La propuesta también contempla que las pensiones y jubilaciones del personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos estatales y municipales respeten los topes máximos previstos en la Constitución federal. Molina García afirmó que la reforma permitiría consolidar un marco de austeridad, proporcionalidad y rendición de cuentas, al tiempo que abre el debate sobre los límites salariales y pensionarios en el servicio público de Baja California.