Mientras el Gobierno de México impulsa el Plan de Justicia para San QuintÃn como una estrategia nacional para atender el rezago histórico del municipio y fortalecer sus instituciones, la alcaldesa Miriam Cano colocó a la administración municipal en una situación de alto riesgo legal al anunciar la transmisión pública del partido entre la Selección Mexicana e Inglaterra sin contar con los derechos de exhibición correspondientes.
La administración municipal ha enfocado la inauguración del Parque Braulio Maldonado y de su nueva Concha Acústica utilizando el encuentro como principal atractivo para convocar a la ciudadanÃa. Sin embargo, la exhibición pública de eventos deportivos requiere licencias comerciales especÃficas que el Ayuntamiento no posee.
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) tiene la facultad de sancionar la exhibición de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual sin autorización de los titulares de los derechos de transmisión. Las multas por este tipo de infracciones pueden alcanzar hasta los 28 millones de pesos, una cantidad que representarÃa un fuerte impacto para las finanzas del municipio más joven de Baja California.
El hecho adquiere una dimensión mayor porque ocurre precisamente cuando San QuintÃn recibe atención prioritaria del Gobierno de México mediante el Plan de Justicia promovido por la presidenta Claudia Sheinbaum, cuyo objetivo es fortalecer el desarrollo institucional y social del municipio.
El evento, promovido bajo el marco de una inauguración oficial, no exime al Ayuntamiento de una eventual inspección de oficio o de una denuncia presentada por los titulares de los derechos de transmisión. Al utilizar el partido como parte de la convocatoria pública, la administración encabezada por Miriam Cano expuso al erario a una contingencia jurÃdica que pudo evitarse.
Hasta el momento no existe información pública que acredite la adquisición de las licencias comerciales necesarias para realizar la transmisión.
En los hechos, el Ayuntamiento apostó a que ni los titulares de los derechos ni la autoridad competente actuarán, asumiendo un riesgo cuyo costo potencial contrasta con el esfuerzo que el Gobierno Federal impulsa para consolidar el desarrollo institucional de San QuintÃn.
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