La diputada Michelle Tejeda presentó una iniciativa de reforma al artículo 226 del Código Penal del Estado de Baja California, con el propósito de combatir el creciente problema del despojo de viviendas cometido por grupos delictivos. La propuesta pretende cerrar vacíos legales que han permitido que bandas organizadas operen con impunidad y afecten el patrimonio de miles de familias en la entidad.

Actualmente, el Código Penal establece que el despojo de un inmueble se considera cometido en grupo cuando participan más de cinco personas, y que no se ejercerá acción penal si el inmueble es devuelto dentro de un plazo de 72 horas tras el requerimiento formal de la autoridad. La legisladora considera que estos márgenes resultan excesivos y favorecen la reincidencia de los responsables.

Por ello, la iniciativa propone que el delito se considere cometido en grupo desde dos personas y que el plazo para restituir el inmueble se reduzca de 72 a 36 horas, evitando así la dilación en la devolución y fortaleciendo el derecho de las víctimas a recuperar su vivienda sin necesidad de prolongados procesos judiciales. "Es urgente fortalecer las acciones legales para proteger el patrimonio de quienes han sido víctimas de despojo", expresó Tejeda al presentar su propuesta.

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El fenómeno del despojo en Baja California se ha agudizado en los últimos años, alimentado por factores como la escasez de vivienda accesible, el abandono de inmuebles por falta de servicios o inseguridad, y la distancia de los centros laborales y educativos. Estas condiciones han sido aprovechadas por grupos delictivos que invaden propiedades y despojan de su hogar a familias que, en muchos casos, carecen de recursos para defenderse legalmente.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, en 2024 se registraron 1,383 casos de despojo, mientras que de enero a agosto de 2025 ya se contabilizan 864 denuncias, siendo agosto el mes con mayor incidencia, con 133 casos. En Mexicali se documentaron 245 casos en ese periodo, con junio como el mes más crítico, al reportarse 43 denuncias.

"Esta iniciativa busca cerrar el paso a prácticas delictivas que afectan directamente la estabilidad y dignidad de las personas; no podemos permitir que grupos organizados sigan arrebatando hogares con impunidad", subrayó Michelle Tejeda, quien reiteró su compromiso de legislar a favor de la seguridad y el patrimonio familiar de los bajacalifornianos.