La diputada Liliana Michel Sánchez Allende presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Baja California con el objetivo de armonizar los delitos sexuales conforme al modelo nacional propuesto por la SecretarÃa de las Mujeres del Gobierno de México, priorizando el consentimiento y la protección de los derechos humanos.
La propuesta contempla modificar y adicionar diversos artÃculos para actualizar la definición del delito de abuso sexual, ampliar sus supuestos y aumentar las sanciones, en congruencia con estándares constitucionales, tratados internacionales y recomendaciones de organismos especializados en derechos humanos y perspectiva de género.
Entre los cambios centrales, se establece una definición clara de consentimiento, precisando que no puede presumirse del silencio, la pasividad o la falta de resistencia fÃsica, ni cuando exista violencia, intimidación, engaño, abuso de poder, autoridad o situaciones de vulnerabilidad.
Asimismo, se amplÃa el concepto de acto sexual para incluir conductas sin contacto fÃsico directo, como la exhibición forzada o la obligación de observar actos de naturaleza sexual, reconociendo prácticas que también constituyen formas de violencia sexual.
La iniciativa propone incrementar las penas de prisión y multas, además de incorporar medidas reeducativas obligatorias para las personas sentenciadas, con el fin de prevenir la reincidencia y promover un cambio cultural basado en la igualdad sustantiva y la erradicación de la violencia contra las mujeres.
Finalmente, se fortalecen las circunstancias agravantes -como relaciones de confianza, parentesco, autoridad o dependencia económica- y se plantea que el delito sea perseguido de oficio, eliminando la querella de la vÃctima, junto con el reconocimiento expreso de la reparación integral del daño, incluida la atención psicológica especializada hasta la recuperación total. Con ello, el Congreso local refrenda su compromiso con el combate a la violencia sexual y el cumplimiento de la Alerta de Violencia de Género.
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